Por Cristian Velix
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El Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, al igual que el Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición de las Naciones solicitaron información al Estado de Guatemala, acerca de los posibles ataques y actos de intimidación realizados en contra de la jueza Érika Aifán y del juez Pablo Xitumul.
Dicha petición fue conocida por la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), institución que a su vez envió una misiva al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
En esa línea, la Copredeh manifestó al órgano del CANG que a la brevedad posible se dirija un informe circunstanciado de los documentos de respaldo correspondientes y agregó que la información se hará pública, por lo que requirió que la información sea correcta, fundamentada y verificable.
Ambos juzgadores están a cargo de judicaturas que han conocido expedientes judiciales de alto impacto, entre ellos casos en el que se han visto involucradas redes criminales dentro de la administración pública.
