Por Eder Juárez
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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó y entregó al Tribunal Supremo Electoral el Informe temático sobre Sistema Político-Electoral, con el objetivo de coadyuvar a la discusión sobre la reforma del sistema político y electoral que deberá llevarse a cabo al finalizar el proceso electoral 2019, con la conformación de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral que será liderada por el TSE.
De acuerdo con dicho informe, el sistema electoral de Guatemala genera una serie de distorsiones como consecuencia de su mismo diseño institucional. “El sistema desincentiva la democracia intrapartidaria por la aplicación de los listados cerrados y bloqueados para la elección de diputados, así como las falencias en cuando al reconocimiento del voto nulo. El sistema también incentiva la conflictividad electoral, al apostar por un modelo de mayoría simple para la elección de los poderes locales”.
Según la CICIG, “el sistema de organizaciones políticas en Guatemala ha degenerado en un oligopolio político, como consecuencia de las altas barreras de ingreso, las altas barreras de operación, los costos prohibitivos de funcionamiento y la excesiva regulación procedimental. Esta característica, aunada con las debilidades históricas del sistema partidario, como la excesiva fragmentación, la volatilidad y la inestabilidad de los partidos políticos, además del minimalismo organizacional y el funcionamiento “tipo franquicia”, provoca en conjunto que las organizaciones políticas no cumplan a cabalidad su rol de intermediación y representación de la ciudadanía y de los órganos políticos de toma de decisiones”.
Además refirió que el TSE ha sido un garante de la democracia en Guatemala. Por el diseño de la institución, su independencia respecto de los poderes políticos le ha permitido ejercer sus funciones de autoridad electoral con autonomía efectiva. Sin embargo, “persisten debilidades relacionadas con el mecanismo de elección e integración de la magistratura, la ingeniería interna de la institución, además de conflictos de aplicación normativa del derecho electoral”.
La Comisión indicó que hasta las reformas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en 2016, el financiamiento de la política había sido puesto en evidencia como uno de los factores determinantes del deterioro y de la distorsión del sistema democrático guatemalteco.
“Este modelo, puesto en marcha con apoyo internacional, mostró logros significativos en las diferentes etapas de su implementación, permitiendo la creación de mecanismos de control, herramientas electrónicas de rendición de cuentas, mejor coordinación interna y especialmente cruce de información con otras instituciones del Estado. Sin embargo, puesto a prueba, el modelo también demostró debilidades institucionales que deben corregirse con ajustes legales en aras de optimizar la labor de fiscalización”.
RECOMENDACIONES
La CICIG realizó una serie de recomendación en dicho informe en el que refiere que se debe promover una profunda reforma al diseño del sistema electoral, a través del rediseño de las circunscripciones electorales, la incorporación de un modelo de votación que permita al votante individualizar su voto, al tiempo en que se incorporan umbrales de asignación de escaños para reducir la excesiva fragmentación del sistema partidario.
Además recomendó que se debe apostar por la democratización del sistema de partidos políticos, profundizando en la agenda de reformas del año 2016. “Esto implica la necesidad de reducir las barreras de ingreso al sistema partidario y de evaluar alternativas institucionales sobre los tipos de partidos que pueden operar en Guatemala”, indica el documento.
Asimismo es importante fortalecer el diseño y funcionamiento interno del TSE, por la vía de mejorar los procedimientos de selección de sus autoridades, además de generar una segregación más funcional de las atribuciones administrativas y jurisdiccionales de la institución, por la vía de crear unidades internas que permitan promover mayor especialización dentro del órgano electoral. “Debe reformarse el derecho procesal electoral para resolver algunos conflictos de interpretación sobre los recursos en materia electoral, las competencias y las atribuciones de las distintas unidades dentro de la autoridad electoral”, señaló.
La Comisión recomienda también la mejora en términos de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización. Señala que la consolidación del modelo demanda un mayor fortalecimiento institucional y algunos ajustes a la LEPP que ayudarían a fortalecer el sistema de financiamiento de las organizaciones políticas.
Partiendo del hecho de que es necesario realizar ajustes al régimen de propaganda electoral en medios de comunicación, indica que es importante que tanto las reformas administrativas como los ajustes legales para mejorarlo deben realizarse en función de lograr un modelo funcional que no limite la difusión de propuestas políticas y que garantice el no retorno al modelo anterior.
Por último los ajustes que deben realizarse deben llevar no solo al fortalecimiento de las capacidades institucionales, sino también a repensar la lógica de trabajo para la elaboración del plan de medios, partiendo de las necesidades de los partidos y no de los medios que decidieron inscribirse. Esto implica buscar alternativas a la tarifa electoral para no desincentivar la participación de los medios y mantener una comunicación constante, tanto con los partidos políticos como con los medios de comunicación.
Por otro lado, se considera necesario flexibilizar la distribución de la pauta a lo interno del partido y, los medios sujetos al régimen, delimitarlos únicamente a televisión y radio.
