La jueza Edna Maxia razonó su voto en relación a los hechos de los que fueron absueltos los familiares del Presidente en el Caso Botín Registro General de la Propiedad y dijo que sí hubo hecho delictivo y responsabilidad penal. FOTO: LA HORA

Por Cristian Velix
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La presidenta del Tribunal Decimotercero de Sentencia Penal, Edna Beatriz Maxia López, indicó que sí hubo un acto ilegal en el proceso de compra de canastas navideñas, investigado en el Caso Botín Registro General de la Propiedad (RGP).

Dicho pronunciamiento fue parte de su voto razonado, luego de que los jueces Juan Antonio Aceituno López y Jaime Delmar González Marín absolvieran a involucrados en la parte de ese expediente judicial denominada “Eventos”.

En esa línea, la juzgadora dijo que el proceso de compra de las 564 canastas navideñas para esa institución estatal fue ilícito, no porque no se hayan entregado, sino porque en el proceso de adjudicación se utilizaron artificios que provocaron competencia desleal.

De esa forma, la togada indicó que entre ellos se encontraban mensajes electrónicos que Abdi Sucely Estrada García, por medio del correo de su hija, Abdi Andrea Orellana Estrada, envió mensajes a Edwin Ariel García Alvarado, subjefe de compras y adquisiciones del RGP, cuando ocurrieron los hechos, entre el que se adjuntó la cotización de canastas navideñas.

Asimismo, Maixa dijo que un hecho que quedó acreditado fue la cotización enviada por Morales Marroquín de ese producto por e-mail, en la que se fue ajustando el precio a cerca de Q160 cada una, para asegurar el contrato a favor de Plus Espectáculos y Promociones (empresa representada, según las pesquisas, por Sammy), ante otras dos entidades, que simularon competencia.

En esa medida, la jueza manifestó que Estrada García utilizó su amistad con García Alvarado para influir y obtener la adjudicación de ese evento para la empresa con la que estaba relacionado Morales Cabrera.

“Por lo que logró mediante su amistad con Edwin Ariel García Alvarado que dicho evento fuera adjudicado a Plus Espectáculos y Promociones, porque el novio de su hija, José Manuel Morales Marroquín, ofreció conseguirle la factura, no solo para las canastas navideñas, sino también para el evento del Plan Operativo Anual (POA), el cual no se realizó (consistía en la entrega de 40 desayunos en tres días)”, agregó la juzgadora.

La presidenta del Tribunal también comentó que Mario Estuardo Orellana López colaboró con su esposa, Estrada García, al financiar las canastas navideñas que se entregaron al RGP, con el conocimiento de que ella no podía participar como oferente ni proveedora al ser una trabajadora informal.

ES UNA INVITACIÓN A SEGUIR HACIENDO PROCEDIMIENTOS AMAÑADOS

A criterio de Maxia sí hubo existencia del hecho delictivo y responsabilidad penal y dijo que condenaría por diferentes delitos y responsabilidades a cada uno de ellos, según su participación.

“Decir que todo fue correcto es invitar a los funcionarios públicos a que sigan haciendo estos procedimientos amañados”, añadió la jueza.

En relación a Abdi Sucely Estrada García, la togada dijo que fue un error que ella haya participado, ya que para contratar con el Estado hay requisitos especiales.

“Ahí es donde hubo error, hubo negligencia, hubo hasta cierto tipo de avaricia, para no poder dejar ir el negocio y poder realizar cuestiones que no van con la administración pública”, explicó la juzgadora.

“Al señor José Manuel Morales Marroquín le queda la moraleja de que vender, dar o regalar facturas es un ardid que contribuye a hacer negociaciones ilícitas y eso no se debe hacer, esto para el conocimiento de todo el pueblo de Guatemala, porque podría quedar en el aire considerar que ese tipo de actos son lícitos, sin embargo, contribuyen a hacer acciones ilícitas”, detalló Maxia.

Por último, se dirigió a Morales Cabrera y le expresó, al igual que otra acusada que fue absuelta, que “no todo lo que pidan nuestros seres queridos hay que darlo, porque no sabemos qué es lo que puedan hacer; y para todos nosotros, no debemos confiar tan ciegamente”.

“No podemos venir a simular eventos y decir que todo está correcto, eso no es así. Por sentido común, podemos llegar a la conclusión de que sí hubo negociaciones ilícitas”, afirmó Maxia.

ABSOLUCIÓN

A criterio de los togados Juan Antonio Aceituno López y Jaime Delmar González Marín no hubo voluntad, por parte de los familiares del Presidente, de participar en los hechos investigados.

Según la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el hijo del Presidente intervino en la adjudicación de tres eventos, dos de ellos a favor de la empresa Plus Espectáculos y Promociones, con las que tenía relación su tío.

Uno de ellos, indican las pesquisas, era la entrega de 40 desayunos por tres días, lo cual no sucedió, mientras que en el segundo, el de las canastas, sí se dieron, pero no cumplían con los requerimientos, señalan las averiguaciones, además de que, presuntamente, no las elaboró la empresa contratada, sino Abdi Sucely Estrada García, quien de igual manera fue liberada de los cargos.

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