POR HEDY QUINO
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La Comisión Pesquisidora del ministro de Economía Acisclo Valladares, por unanimidad, decidió recomendarle al pleno de diputados del Congreso no quitarle la inmunidad al funcionario, para que fuera investigado por el Ministerio Público y determinar su posible participación en el Caso Tigo.
Los pesquisidores Aníbal Rojas, Juan Manuel Giordano y Flor de María Chajón, en su informe circunstanciado resolvieron: “Recomienda al Pleno del Congreso de la República que se declare no ha lugar a formación de causa, por lo que procede trasladar al Pleno del Congreso de la Republica el expediente de Antejuicio número 158-2019 y el informe circunstanciado para que en una sesión ordinaria correspondiente, se proceda a su discusión”.
Según los diputados, la solicitud de antejuicio que hizo el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), “tiene carácter espurio, político e ilegítimo”.
La Pesquisidora informó de su decisión por medio de un comunicado de prensa.
“Esta Comisión Pesquisidora pudo establecer razonablemente que de forma consciente o inconsciente, omitieron, ocultaron la información que sustentaba la denuncia”, dice.
“Se pudo establecer que se tuvo conocimiento de los hechos desde antes que el antejuiciado gozara de inmunidad, lo que hace razonable considerar que se esperó un momento político para su presentación”, añade la comunicación.
Además, en el comunicado la Comisión indicó que, “existen elementos suficientes para considerar razonablemente que la solicitud de antejuicio promovida tiene carácter espurio, político e ilegítimo”, sin embargo, no detallaron cuales fueron dichos elementos.
DECISIÓN ESPERADA
Desde que los diputados realizaron las audiencias al MP, a la CICIG y al ministro Valladares, se pudo observar que la decisión de los pesquisidores sería favorable para el funcionario, pues las preguntas a los entes investigadores fueron incisivas, no así al momento de cuestionar al antejuiciado.
Los pesquisidores también tenían la intención de volver a citar a los investigadores del MP y la CICIG, para continuar con las preguntas relacionadas al Caso Tigo, así como a los testigos que brindaron declaraciones para el expediente, pero esto ya no se realizó.
CASO TIGO
Según investigaciones del MP y la CICIG, en 2014 el Congreso aprobó la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, conocida como la Ley Tigo, a cambio de sobornos de hasta Q50 mil bimensuales a diputados.
De acuerdo con las pesquisas, la normativa fue hecha para favorecer a la telefonía Tigo, por lo que esta fue elaborada en conjunto por representantes de dicha empresa, incluido Valladares, y por diputados que siguieron las instrucciones que les giró la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
