Por Denis Aguilar
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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó este día un informe sobre el Servicio Civil en el país, en el que señalaron que los puestos públicos se han convertido en un botín político.
Así lo indicó el exmagistrado Luis Fernández Molina, quien tuvo a su cargo la elaboración del documento “Servicio Civil en Guatemala: La necesidad de una burocracia estable en el Estado”, quien hizo mención de las deficiencias actuales que presenta la actual Ley de Servicio Civil en Guatemala.
Fernández Molina abordó sobre cómo se promueve el escenario de corrupción política, lo cual se puede dar cuando alguien da apoyo a un determinado candidato con el fin de colocar gente en determinados puestos públicos y proteger sus intereses.
Este tipo de apoyo puede provenir de personas que hacen negocios con minería, medicina, material de educación, etcétera, para acomodar gente que se acomode a los intereses que estos tienen o sus intenciones, indicó.
“Muchos de los que llamamos activistas van a las campañas porque, ¿qué es lo que esperan? Un chance, un puesto, o como comúnmente se dice un ‘hueso’ y como está tan desarticulado el sistema realmente al llegar determinado partido político ven cómo se acomodan”, dijo Fernández Molina.
El consultor indicó que lo “perverso es este incentivo negativo que está alimentando nuestras campañas políticas porque los puestos públicos se convierten en un botín político”, agregando que con esto el país pierde recursos y que la inversión se aleja.
A decir del experto, con estas prácticas negativas se socava la credibilidad de la población en el sistema, lo que va propiciando un quebrantamiento y una fisura del orden democrático del país.
El exmagistrado indicó que muchas personas recién graduadas quisieran acceder a un puesto público, pero que saben que esas instancias están “copadas”.
“Si no es de la foto, si no es del equipo, si no tiene recomendados no puede ser. Entonces, mucha de la gente que debería estar trabajando en el Gobierno sencillamente ni se acerca porque sabe que no tiene muchas posibilidades”, comentó.
SINDICALISMO DEBE REGULARSE
Dentro del marco de esta ley, Fernández Molina señala que el sindicalismo debe regularse, pues los pactos colectivos llegan a ser desproporcionales e ilegales.
El experto comentó que la actual Ley de Servicio Civil es una normativa vigente desde 1968, acomodada a la Constitución de 1965, que ha tenido unas mínimas reformas en el camino y se apega con otras normas en las cuales no debería estar.
El consultor indicó que se trata de una ley con muchos vacíos, que se debería completar con otra legislación y que pese a la antigüedad de esta ley aún se puede rescatar.
A decir de Fernández, en Guatemala se está tan mal en materia de Servicio Civil que no se sabe exactamente cuántos trabajadores del Estado se tienen, asegurando que es posible que no se quiera revelar el dato de cuántos trabajadores hay bajo el renglón 029.
Este informe fue presentado por CICIG en el marco de la culminación de su mandato y como sustento de las recomendaciones que al respecto formula al Estado de Guatemala, indicó el vocero de esa Comisión, Matías Ponce.
