Por Margarita Girón
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Después que un migrante centroamericano quien viajaba con su hija perdiera la vida durante una operación policial en Saltillo, México, representantes de Amnistía Internacional señalaron que el hecho debe tomarse como una alarmante señal del enfoque cada vez más hostil de ese país hacia las personas migrantes y solicitantes de asilo.
De acuerdo con Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, las autoridades mexicanas deben tratar a las personas migrantes y sus familias con humanidad, no perseguirlos o dispararles.
LOS HECHOS
Según detalla una publicación de Amnistía Internacional, el 31 de julio, aproximadamente diez migrantes abandonaron la «Casa del Migrante Saltillo» en Coahuila para dirigirse a las vías férreas cercanas por donde pasan trenes de carga que van camino a los Estados Unidos. Según declaró el organismo internacional, el personal del albergue indicó que en el grupo había mujeres, niños y bebés.
De acuerdo al reporte de Amnistía Internacional, durante la noche, agentes policiacos del Estado de Coahuila abrieron fuego y mataron a un hombre centroamericano cerca a su hija de ocho años.
Según la información publicada, testigos del hecho señalan que los agentes de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración también podrían haber participado en el incidente, aunque las autoridades federales lo negaron.
El artículo señala que las autoridades estatales dijeron a la prensa que un hombre del grupo llevaba un arma y que por su parte, oficiales «repelieron” una agresión». Sin embargo, para entrar al albergue de migrantes de Saltillo, las personas son rigurosamente revisadas en busca de armas, drogas o teléfonos celulares, y tienen que cumplir con estrictas reglas de disciplina.
Para Amnistía Internacional, cualquier muerte a manos de las autoridades debe ser investigada de acuerdo con el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016), un conjunto de directrices internacionales para la investigación de muertes en las que se sospecha la responsabilidad del Estado.
Además, manifiestan que de acuerdo con los Principios de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, el uso de la fuerza letal solo es legal en respuesta a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves y debe ser un último recurso, cuando no se disponga de ninguna otra medida alternativa.
Guevara señala en la publicación que las autoridades estatales de Coahuila, así como las autoridades federales de seguridad y migración de México, tienen serias preguntas que responder sobre un hombre muerto a disparos cerca de su hija, si no pueden probar que el oficial de policía estaba reaccionando ante una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.
«Las autoridades deben llevar a cabo una investigación inmediata, independiente e imparcial de este terrible incidente y llevar a toda persona sospechosa de haber cometido un delito ante la justicia en un juicio justo», dijo Guevara.
ESTO DIJO CASA DEL MIGRANTE EN SALTILLO
En una carta firmada por Alberto Xiconténcatl, los defensores de Casa del Migrante en Saltillo, relataron los hechos ocurridos el 31 de julio y pidieron justicia y protección para todos los sobrevivientes del hecho.
“La persecución de personas migrantes en México ha llegado a un extremo insostenible, exigimos un alto a la crueldad institucional que está cobrando vidas, dejando en orfandad a niños y niñas, separación familiar y un sinfín de sufrimientos provocados por el estado mexicano y sus instituciones”, se lee en el documento.
Por su parte, las autoridades mexicanas de señalaron a medios locales que la muerte del migrante de nacionalidad hondureña e identificado como Marco Tulio Perdomo Guzmán de 29 años, ocurrió durante un operativo “ajeno” a temas migratorios.
