Por Cristian Velix
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Esta mañana la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) se presentó en la Sala Segunda de Mayor Riesgo, para ratificar la solicitud de retiro de antejuicio en contra del diputado Estuardo Galdámez, quien está señalado en el Caso Tigo.
La confirmación se dio ante el juez pesquisidor Santos Sajbochol, quien es uno de los magistrados que integran la Sala mencionada.
Galdámez, quien compitió para la Presidencia en los comicios del 16 de junio por el partido oficialista, es señalado en este expediente judicial por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, violación a la Constitución y cohecho pasivo.
Con la ratificación de hoy, la FECI ha confirmado las peticiones para que se les quite la inmunidad en contra de los parlamentarios Boris España, Juan José Porras, Haroldo Quej, Arnoldo Medrano y la del congresista de FCN-Nación.
AMENAZAS
El fiscal a cargo del caso, Luis Mejía expresó que tras presentar la investigación se han presentado solicitudes para que él se aparte del expediente judicial, al igual que la FECI, por las personas que están señaladas en las averiguaciones
“Las mismas personas que se encuentran implicadas han presentado denuncias de tipo penal en contra de mi persona y fiscales de la FECI, estas aún se encuentran pendientes de dilucidar algunas de ellas. Este tipo de ataques los hemos estado recibiendo a raíz de iniciado este caso”, afirmó el investigador.
CASO
Según las pesquisas, los parlamentarios recibieron sobornos con el fin de que se aprobara un conjunto de leyes. Esas coimas eran, presuntamente, enviadas por la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien también giraba instrucciones a los diputados.
Es de esa manera que la FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) indican que los diputados podrían haber recibido las coimas cada dos meses, cuyo monto alcanzaba los Q50 mil, acto que se mantuvo entre el 2012-2016.
Entre las legislaciones que se aprobaron en ese período se encuentra Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.
Esa ley, detallan las pesquisas, benefició a la empresa Tigo, la cual entregó dádivas a través de altos directivos de esa entidad mercantil, siendo ellos Luis Fernando Valladares Guillén y el actual ministro de Economía, Acisclo Valladares.
SE REACTIVA CASO DE FINANCIAMIENTO DE LA UNE
En el Juzgado de Mayor Riesgo “A”, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, continuó esta mañana la audiencia de primera declaración en contra de siete personas implicadas en el Caso de Financiamiento Electoral Ilícito de la UNE en 2015.
Las averiguaciones indican que la agrupación política que postula a Sandra Torres a la Presidencia, utilizó en 2015 un mecanismo para eludir los controles del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y no reportar a esa entidad financiamiento por casi Q20 millones.
