Por Regina Pérez y Eder Juárez
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Han transcurrido 40 días desde que se conoció que Guatemala podría firmar un acuerdo de Tercer País Seguro con Estados Unidos, pero hasta la fecha el Gobierno de Guatemala ha mantenido el secretismo sobre dicho Acuerdo y se ha limitado a informar en comunicados que durante las últimas semanas se han negociado “convenios bilaterales” con EE. UU., con el fin de contrarrestar la migración irregular a ese país.

Ayer, en un mensaje televisivo, el presidente Jimmy Morales dijo “que las negociaciones para implementar un plan conjunto entre Guatemala y los EE. UU. para atender de manera urgente la migración irregular, se estaba consolidando en apego a nuestra legislación y siempre velando por la defensa de nuestra soberanía y los derechos humanos de los migrantes”.

El mandatario agregó que este plan considera varios acuerdos de cooperación que buscan dar respuesta a la problemática de la migración irregular, pero que la CC, sin facultades para intervenir en la política exterior, asumió una postura negativa sobre los intereses nacionales.

Ni Morales ni el Ministerio de Relaciones Exteriores han dado información o desmentido lo afirmado por el presidente de EE. UU., Donald Trump en su tuit de ayer, quien indicó que Guatemala rompió el trato para firmar el Acuerdo de Tercer País Seguro y tras lo cual anunció que analizan represalias para el país.

Excancilleres, el Procurador de Derechos Humanos (PDH) y el activista Manfredo Marroquín accionaron en la Corte de Constitucionalidad (CC) que les otorgó un amparo provisional un día antes de que Morales viajara a Washington el pasado 15 de julio, aparentemente, para firmar dicho Acuerdo junto a su homólogo Trump. La reunión fue cancelada.

El pasado 14 de junio, el medio La Voz de América (VOA) informó que habían tenido acceso a una copia sin firmar del borrador de acuerdo de la Casa Blanca, en la que se establecería un protocolo de “Tercer País Seguro” entre EE. UU. y Guatemala.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso anunció ayer que analiza realizar una citación a la canciller Sandra Jovel, para abordar cuáles serían las consecuencias de firmar el referido Acuerdo, en tanto la Comisión del Migrante indicó que no accionarán hasta que este se firme.

AMENAZA PERSISTE

De acuerdo con el abogado constitucionalista, Gabriel Orellana, persiste la amenaza que el Gobierno de Estados Unidos y el de Guatemala firmen un convenio al cual pretenderán dar la calidad de Acuerdo Simplificado o Acuerdo Ejecutivo.

“Sencillamente van a decir que es un convenio obligatorio para los dos Estados porque fue suscrito por los dos presidentes y en el derecho internacional las formalidades no son esenciales sino lo que cuenta es la buena fe para que se cumplan los convenios. Esto en la perspectiva del derecho guatemalteco lo sustraerían del conocimiento del Congreso, que es algo que no quieren entender, pero el hecho es que si lo sustraen del Congreso también lo harían del control constitucional de la Corte, la teoría es ‘a golpe dado no hay quite’”, manifestó Orellana.

Según el abogado, por eso es la importancia de la medida precautoria que dictó la CC. Sin embargo, los guatemaltecos siguen sin conocer absolutamente nada de esos convenios, “aquí lo que cabe señalar es que el único que tiene legitimación para pedirle cuentas en este preciso momento es el Congreso de la República, especialmente la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso o cualquier bancada o diputado para pedir una interpelación, el problema es que esto puede durar mucho tiempo solo para solicitar la interpelación o puede ser torpedeada con subterfugios parlamentarios”, señaló Orellana.

A decir del excanciller, el Gobierno sigue manteniendo la tesis de que “callada la boca, nos van a jugar la vuelta y nos van a tratar de presentar una situación ya consumada y confirma la amenaza del Secretario de Trump, al decir que iban a tomar acciones en contra de los diputados que no apoyen este beneficioso acuerdo para Guatemala y Estados Unidos, según las palabras del Secretario”.

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