Por Cristian Velix
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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) emitió sus conclusiones en el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, presidido por la jueza Yassmín Barrios, en la que solicitó que se impongan penas de entre seis y catorce años en contra de tres acusados en el Caso Odebrecht.
De esa forma, el fiscal Hugo González solicitó a la judicatura que se imponga una condena a Juan Ignacio Florido por seis años de prisión, esto por el delito de lavado de dinero u otros activos, además de una multa de US$9 millones 30 mil.
Asimismo, el agente de la FECI pidió que a Juan Manuel Molina Coronado se le sentencie a catorce años de cárcel por los ilícitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita, como también el pago de US$1 millón 200 mil.
Mientras que para Jorge Eduardo Antillón Klussmann, el fiscal requirió al Tribunal que cancele una multa de US$346 mil, además de catorce años de prisión por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
ARGUMENTOS
Los tres acusados están implicados en el caso debido a que presuntamente participaron en las acciones que permitieron que la empresa Norberto Odebrecht otorgara sobornos al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, al igual que a otras personas.
En esa medida, el exfuncionario mencionado pidió a Odebrecht que se le entregara el 7.5% del valor total del contrato otorgado a esa empresa por la adjudicación del contrato de rehabilitación y ampliación de la Ruta CA-2 Occidente.
“Los guatemaltecos teníamos que pagar US$28 millones 857 mil 142 dólares en concepto de comisiones ilícitas que iban a ser repartidas entre diferentes personas”, fue una de las conclusiones emitidas por el fiscal Hugo González en la audiencia de hoy.
En palabras del fiscal se pagaron cerca de 200 millones de quetzales en concepto de actividades, la cual iba destinada únicamente para beneficiar a empresarios y funcionarios públicos” que “vieron la oportunidad para desfalcar al Estado de Guatemala”.
“Se ha logrado demostrar en este debate de qué políticos y empresarios pactaron para que con el dinero del pueblo de Guatemala se diera un contrato, el cual estaba sobrevalorado, porque desde el momento en el que se debe pagar más de US$28 millones, cuánto se le tuvo que subir de valor a esa obra”, concluyó González.
