Por: Cristian Velix
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En el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, se realizó esta mañana la audiencia de revisión de medidas de coerción, en la que el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, solicitó salir de prisión, esto por el Caso Cooptación del Estado.
No obstante, el juez denegó la solicitud de Rodríguez por lo que continuará en prisión.
De igual forma, continuará en prisión de forma preventiva, por el mismo caso, Manuel López Ambrosio, exministro de la Defensa.
SOLICITUD
Según el abogado del también ex secretario privado de la Presidencia en el gobierno de Otto Pérez Molina, él ha permanecido tres años detenido de forma preventiva y solicitó que fuera beneficiado con arresto domiciliario.
“Ya van tres años del proceso del honorable juzgador, queremos establecer que mi patrocinado tiene un exceso de prisión preventiva”, expresó el abogado del exjefe del IGSS, Douglas Herrera, al dirigirse al juez Gálvez.
Según la defensa de Rodríguez, su comportamiento ha sido intachable, ya que de lo contrario el Ministerio Público (MP) lo estuviera sindicando por otros hechos delictivos.
“Mi patrocinado no ha obstaculizado ninguna investigación”, subrayó Herrera.
Se esperaba que también compareciera en esta audiencia el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, sin embargo, no se presentó.
RODRÍGUEZ ACUMULA PROCESOS
Paralelo a la solicitud realizada por la defensa de Rodríguez, ayer se conoció que él estaba implicado en un nuevo caso de corrupción investigado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En este reciente expediente judicial está señalado de ser parte de una red que se benefició de la sustracción de millones de quetzales de la cartera de Salud. Dicha investigación se une a la de “Cooptación del Estado”, en el que se otorgaron, aparentemente, favores a empresarios mediante la adjudicación de contratos estatales.
Asimismo, el ex secretario privado de Otto Pérez Molina tiene abierto proceso penal por la compra, presuntamente irregular, de 50 ambulancias, las cuales, según las pesquisas, estaban sobrevaloradas, además del arrendamiento anómalo de un edificio para el IGSS por $30 mil mensuales, como también de la compra de un sistema informático cuyo costo alcanzó Q243 millones.
Rodríguez fue condenado por el caso IGSS-Pisa a seis años y tres meses de prisión por el delito de fraude, no obstante, la cuestionada Sala Tercera de Apelaciones lo absolvió de los cargos el pasado 5 de julio.
