Por: Cristian Velix
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Luego que la Sala Tercera de Apelaciones revocó la sentencia en contra de implicados en el Caso IGSS-Pisa/Chiquimula, el movimiento Pro Justicia publicó este día un informe en el que detalla antecedentes de los magistrados que integran esa judicatura.
El documento elaborado por dicha asociación recordó que esa Sala está integrada por los magistrados: Jaime Amílcar González Dávila (quien la preside), Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, Zonia de la Paz Santizo Corleto y los suplentes César Augusto Amézquita Ruano y Edith Marilena Pérez Ordóñez.
El movimiento social establece que Jaime Amílcar González Dávila fue uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por ausencia de un titular, que votó en contra de que se le retirara el derecho de antejuicio a Felipe Alejos, señalado en el Caso Traficante de Influencias.
Asimismo, el texto indica que González Dávila defendió a Herber Gregorio Churimilla, procesado por ser el presunto responsable de varios asesinatos e intentos de homicidio de 2010 al 2012, en ese entonces, añade la organización, él era magistrado suplente de la Sala Sexta de Apelaciones.
González Dávila y la suplente Pérez Ordoñez, indica el texto, fueron denunciados por el conocido abogado Alfonso Carillo Marroquín, por la posible comisión del delito de prevaricato, por haber brindado arresto domiciliario a la magistrada separada del cargo Blanca Stalling.
La magistrada Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos, esposa del secretario de comunicación, Alfredo Brito, se inhibió de conocer el caso de los familiares del Presidente, pero según Pro Justicia, ella recomendó que se retirara la inmunidad a Ana Vilma Díaz Lemus, jueza que manifestó ser objeto de persecución luego de manifestar su apoyo a la exmagistrada Claudia Escobar.
Asimismo, la asociación dice que la relatora contra la tortura, Silvia Villalta, denunció a los tres magistrados titulares de esa Sala, por supuestamente vender resoluciones a favor de reclusos.
FALLOS CUESTIONADOS
Aparte del fallo del pasado viernes en que la Sala Tercera de Apelaciones revocó la sentencia en contra de once personas involucradas en supuestas contrataciones anómalas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Esta Sala confirmó el cierre provisional del caso contra el exministro de la Defensa, Williams Mansilla, por haber autorizado la entrega de un bono de Q50 mil mensuales, que supuestamente benefició al presidente Morales.
Asimismo, fue esta judicatura la que benefició con arresto domiciliario a la magistrada separada del cargo, Blanca Stalling, sindicada de intentar influir en las decisiones del juez Carlos Ruano, al igual que resolvió brindarle medidas sustitutivas a Samuel Morales y José Manuel Morales, acusados en el Caso Botín Registro General de la Propiedad, familiares del mandatario Jimmy Morales.
