POR HEDY QUINO
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La Comisión Pesquisidora que conoce la solicitud de antejuicio en contra del ministro de Economía, Acisclo Valladares, por su presunta vinculación en el Caso Tigo, recibió este lunes de parte de Dirección Legislativa del Congreso, el expediente del caso para su respectivo análisis. Con ello se inicia el proceso de pesquisas, indicó el diputado Aníbal Rojas, presidente de la Pesquisidora.
Rojas detalló que el expediente del caso está conformada por 9 mil 723 folios, así como de discos compactos (CD) y memorias USB, los cuales serán analizados por los integrantes de la Pesquisidora.
“Nosotros trataremos en la medida de lo posible de ser diligentes y responsables para tratar este tema. Acá no se trata de juzgar a una persona, únicamente determinar si el proceso que se está llevando a cabo es ilegítimo o espurio”, dijo Rojas.
Por su parte, la diputada Flor de María Chajón añadió que, para no cometer imprecisiones se tomaran el tiempo necesario para analizar los documentos. “Queremos dar una respuesta real con base al expediente”, expresó.
El congresista Rojas detalló que como parte de las pesquisas se citará al ministro Valladares y a fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), encargado del Caso Tigo.
La Pesquisidora acordará el miércoles próximo un cronograma de actividades en el cual se establecerá el plazo para presentarle al pleno de diputados el informe en el que se le recomendará al pleno de diputados si es pertinente o no el retiro de inmunidad a Valladares, para que sea sometido a una investigación.
FALLAS EN ARCHIVOS DIGITALES
La Comisión Pesquisidora informó que algunos archivos digitales que les proporcionó la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que forman parte del expediente de Valladares, no se pueden acceder, pues presentan fallas.
Por esta situación, Rojas indicó que solicitarán apoyo de la Dirección de Informática del Congreso para poder ingresar a los mismos, de no lograrlo volverán a solicitar esos archivos a la CSJ, para que el expediente este completo.
EL CASO
Según investigaciones del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2014 el Congreso aprobó la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, conocida como la Ley Tigo, a cambio de sobornos de hasta Q50 mil bimensuales a diputados.
De acuerdo con las pesquisas, la normativa fue hecha para favorecer a la telefonía Tigo, por lo que esta fue elaborada en conjunto por representantes de dicha empresa y por diputados que siguieron las instrucciones que les giró la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Por este caso también enfrentan un proceso de antejuicio los diputados Estuardo Galdámez, Juan José Porras, Mirma Magnolia Figueroa, Marco Antonio Orozco, Haroldo Quej, Gustavo Medrano y Boris España.
