Por Redacción La Hora
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a las solicitudes de antejuicio presentadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) contra el ministro de Economía, Acisclo Valladares, el expresidenciable de FCN-Nación, Estuardo Galdámez y cinco diputados más, involucrados en el caso Tigo.
Además, la CSJ aceptó dar trámite a las solicitudes presentadas en contra de los diputados: Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Medrano y Marco Antonio Orozco.
La solicitud de antejuicio contra el ministro Acisclo Valladares es por asociación ilícita y cohecho activo mientras que contra Galdámez y los diputados Porras, España y Orozco es por los delitos de: asociación ilícita, violación a la Constitución, cohecho pasivo, y lavado de dinero u otros activos.
La solicitud contra los congresistas Gustavo Medrano y Haroldo Quej Chen se interpuso por los delitos de: asociación ilícita, violación a la Constitución y cohecho pasivo.
El vocero del Organismo Judicial (OJ), Mario Siekavizza indica que en el caso de la diputada Mirma Figueroa, el antejuicio aún no ha llegado a la CSJ, por lo que aún no hay pronunciamiento de esa instancia.
EL CASO
El pasado 7 de mayo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la CICIG anunciaron la presentación de los antejuicios contra el ministro Valladares, Galdámez, quien ya era presidenciable de FCN-Nación, y seis congresistas, con el fin de profundizar en una investigación a una estructura que supuestamente dirigía la exvicepresidenta, Roxana Baldetti.
Según la CICIG y el MP, la exvicepresidenta, mediante promesas de dinero habría asegurado la aprobación de leyes, entre ellas la llamada Ley Tigo, la asignación de cargos directivos, entre otros asuntos en el Congreso por medio de la bancada del Partido Patriota entre los años 2012 y 2014.
De acuerdo con la investigación, el decreto 12-2014 benefició a Tigo y compañías relacionadas a esta, específicamente en la presentación de expedientes ante la SIT para la autorización de inversiones en infraestructura, las cuales se realizaron incluso un día después de la habilitación de esa opción; en un día presentaron 33 documentos para requerir el aval para instalar infraestructura.
