Seguridad, uno de los grandes desafíos para el futuro presidente

POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt

De acuerdo con los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Sandra Torres y Alejandro Giammattei se perfilan para disputar una segunda vuelta electoral el próximo 11 de agosto. Uno de los dos gobernará Guatemala en los próximos cuatro años, entre los principales desafíos y temas que atender está la seguridad ¿qué harán y qué han anunciado?

RADIOGRAFÍA DE PAÍS

Uno de los principales problemas que afecta a la población es la extorsión en negocios pequeños y grandes. Este delito también está relacionado con las muertes violentas, sin embargo, las autoridades no tienen precisión de la cantidad exacta de homicidios que podrían ser generados por los chantajes económicos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el año pasado murieron 4 mil 122 personas por heridas de arma de fuego, arma blanca, asfixia por estrangulación, seccionamiento corporal y/o desmembramiento.

Las investigaciones del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) refieren que la planificación de extorsiones y otros delitos continúan saliendo desde las cárceles del país, donde actualmente hay 25 mil 124 privados de libertad, de los cuales 12 mil 189 están sentenciados y 12 mil 935 preventivos.

Actualmente hay 21 cárceles para la población reclusa, pero únicamente existen 6 mil 812 espacios carcelarios, según el último informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), es decir hay un déficit de 18 mil 312 espacios y esto provoca hacinamiento, falta de clasificación de reos por delito, situación jurídica y perfil.

Por otro lado, la prevención del delito, la protección de las personas y sus bienes está a cargo de la institución policial, que tiene aproximadamente 42 mil policías, la mayoría son agentes (poseen el rango más bajo) y carecen de dignificación para cumplir con su labor, pues no tienen infraestructura policial, insumos básicos y capacitaciones permanentes para ejercer un mejor trabajo.

Además de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) y la PNC, otras entidades convergen en el tema de seguridad y están bajo la administración del Ministerio de Gobernación (Mingob), estas son: la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), que registra un total de 198 prestadores de seguridad privada y 42 mil 25 guardias de seguridad privada. Así como la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) y la Dirección General de Migración.

¿QUÉ HARÁN O QUÉ HAN ANUNCIADO?

La Hora buscó entrevistas con ambos candidatos a la presidencia: Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Alejandro Giammattei del Partido Vamos, para ampliar las respuestas de sus declaraciones públicas o de información que contemplan sus planes de trabajo relacionado a la seguridad del país, sin embargo, al cierre de este reportaje no fue posible obtener respuesta.

El mecanismo utilizado para obtener comunicación con Torres fue por medio del diputado Oscar Argueta, a quien se le llamó por teléfono y se le enviaron las preguntas. Mientras que con Gimmattei hubo comunicación directa, pero en las ocasiones que se le llamó dijo no poder responder por estar en reuniones. A Giammattei y a su equipo de comunicación también se enviaron las preguntas, pero al cierre de esta nota no fue posible obtener respuestas.

La candidata a la presidencia por la UNE ha anunciado algunas medidas que han abordado otros candidatos en el presente y en el pasado, pero sin mayor impacto para la seguridad de la población.

En una entrevista con Prensa Libre, el pasado 1 de junio, Torres dijo: “el país necesita soluciones y resultados a corto plazo. La gente está pidiendo las fuerzas combinadas en las calles para bajar los niveles de extorsión e inseguridad, la violencia y la delincuencia. Pero es una medida temporal, no será eterna”.

Sin embargo, el Ejército no es el encargado de investigar, ni de brindar seguridad ciudadana, es el MP y la PNC. En los últimos años se ha evidenciado un presupuesto elevado sin que refleje un descenso real en delitos, o impacto en la seguridad ciudadana; las fuerzas castrenses no tienen competencia legal para capturar e investigar.

De acuerdo con el reportaje “Seguridad: con soldados o sin ellos, la violencia ha prevalecido”, publicado por La Hora, el 2 de mayo de 2017, en los últimos ocho años, el Estado invirtió Q1 mil 253 millones 805 mil 996.74 para “apoyar” a la PNC en seguridad ciudadana, sin embargo, los delitos contra la vida no descendieron, muestra de ello es que, en 16 años de Ejército, 83 mil 101 guatemaltecos murieron violentamente.

Por otro lado, Torres, también se ha referido al tema de las cárceles y una de sus propuestas ha sido sacarlas de la ciudad y bloquear las comunicaciones.

Esto representaría crear nueva infraestructura carcelaria, pues no todas las prisiones están aisladas.

Recientemente la aspirante a la Presidencia del país dijo en un tuit, que, de ser electa como mandataria, entregaría al alcalde de Mixco, Neto Bran, la Comisaría 16 de la PNC, pues ha visto con “buenos ojos” la creación, implementación y resultados de la Policía Municipal que creó en su gestión.

Este anuncio surge, a pesar de que se ha cuestionado la legalidad de esta Policía Municipal, aunado a que las comisarías de la PNC pertenecen al Mingob y no a un alcalde.

En el caso de Alejandro Giammattei, explica en su plan de gobierno, que apuestan por la prevención del delito y atender las causas de la delincuencia con la generación de empleo, especialmente para la juventud.

Además, menciona el fortalecimiento a través del presupuesto necesario de manera gradual del Organismo Judicial (OJ), Ministerio Público (MP), Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Sistema Penitenciario (SP) y fuerzas de seguridad. En el plan de trabajo no se explica la forma cómo lograrán esto, pues el tema depende del Congreso de la República y de las asignaciones presupuestarias del Ministerio de Finanzas.

En este proyecto se menciona, nuevos presidios, seguridad en el transporte, reorganización y entrenamiento de la PNC, control de reos y de redes que delinquen desde presidios.

Además, señala que como Organismo Ejecutivo harán los esfuerzos necesarios para establecer estrecha comunicación y mecanismos de coordinación para que la justicia sea pronta y cumplida.

¿QUÉ DEBE SER PRIORIDAD?

María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explica que en seguridad y justicia hay cinco temas que se deben reforzar: colocar la cadena de seguridad y justicia como sistemas, por ejemplo que exista mayor reclutamiento en la PNC, que tengan carrera al igual que los agentes penitenciarios, mientras que en materia de infraestructura se deben ampliar comisarías, centros penitenciarios, construcción de cárceles de alta seguridad y la ampliación de juzgados donde puedan atender a más de tres sindicados.

Aceña agrega que hay una encuesta de victimización que se levantó el año pasado y que podría ser de utilidad, porque actualmente hay estadísticas de denuncias, pero no hay precisión sobre la cantidad de delitos que reflejen la realidad.

De acuerdo con la profesional, los candidatos deben explicar cuál es su estrategia en el tema y cómo alcanzarán sus objetivos.

“Importante que digan cuál es su estrategia, dicen que quieren lograr, pero no cómo”, refiere Aceña.

La representante del CIEN resaltó los temas que deben prioritarios en temas de seguridad, estos proyectos necesitan inversión.

“Nosotros vemos que lo más importante es que haya un plan de todas las instituciones con metas y datos, la Encuesta de Victimización. Luego se debe ordenar el Mingob administrativamente, la carrera, el reclutamiento de los policías, fortalecer la Academia. En el Sistema Penitenciario la carrera de los agentes y rescatar el control, eso no lo puede hacer si no hay infraestructura, hay que hacer un plan de cómo ampliar infraestructura”, explica.

“Esos son los grandes lineamientos: plan, datos, potencializar a la gente con carrera e infraestructura”, concluye.

Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dice que los proyectos a implementar como la creación de infraestructura carcelaria se debe planificar.

De acuerdo con Barrientos, la metodología de análisis que regularmente usa esta institución y que podría servir para proyectos en seguridad, consiste en verificar si se presentaron propuestas o identificarlas. Luego se revisa si para esa propuesta se establecieron metas específicas para que en cuatro años se pueda medir si se cumplió o no, también se debe ver si se estimaron costos para alcanzar esas metas, finalmente si se identificó la fuente de financiamiento para cubrir el costo fiscal.

“Una propuesta política técnicamente sustentada es aquella que tiene propuestas, que para cada propuesta identificó metas a cumplir en el periodo de cuatro años, qué estimó el costo fiscal de cumplir esas metas y que identificó la fuente de financiamiento para cubrir el costo fiscal, sino tiene todo este sustento técnico, la propuesta la vamos calificando técnicamente débil, fiscalmente inviable o ya en un extremo demagógica, que es una propuesta para endulzar el oído del votante, pero no tiene sustento y tampoco se preocuparon por hacerlo”, refiere el analista de Icefi.

En Cifras

– 4,122 personas murieron violentamente en 2018.
– 25,124 reos están en 21 cárceles del país.
– 42,000 policías tiene la PNC en sus filas.
– 198 prestadores de seguridad están registrados en Digessp.
– 42,025 guardias privados están registrados en Digessp.

Fuentes: Inacif, SP, PNC, Digessp.