Por Denis Aguilar
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La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) emitió un comunicado de prensa en el que manifiesta su “profunda preocupación” debido a falta de imparcialidad existente del Sistema de Justicia en Izabal, además de otros departamentos del país, en juicios en contra de dirigentes comunitarios así como el caso por la muerte de tres estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala en ese departamento.
La CIJ citó casos en Izabal y Chiquimula, donde señalan que los jueces han actuado de forma parcializada, por lo que indicaron que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) debería conocer los mismos y que estos togados no deberían continuar en el ejercicio de sus funciones.
El primero es el del vicepresidente de la Junta Directiva de la Gremial de Pescadores, Eduardo Bin Pou, quien ha estado en prisión preventiva casi un año por los delitos de retención ilegal, amenazas e instigación a delinquir y a quien el juez Unipersonal de Sentencia de Puerto Barrios, Izabal, Pablo Eduardo Caal Ponce suspendió una audiencia de revisión de medida el pasado 4 de junio.
“Pedimos a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia que intervenga, para la defensa de los derechos humanos de dirigentes comunitarios”, dijo Ramón Cadena, director de la CIJ para Centroamérica. También señaló que urge que la CICIG conozca estos casos ya que estos jueces no deberían seguir en el ejercicio de sus funciones, por actuar parcializados.
PERSECUCIÓN A LÍDERES COMUNITARIOS
La Comisión indica que el caso del Bin Pou no se trata del primer caso donde se persigue a líderes comunitarios, mencionando el de Abelino Chub Caal, quien permaneció en prisión preventiva por dos años y quien posteriormente fue dejado de libertad por falta de pruebas en su contra.
También destacaron los casos de María Choc y Angélica Choc, esta última, que buscaba justicia por el asesinato de su esposo Adolfo Ich y en lugar de conseguir justicia, la Jueza Unipersonal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Contra el Ambiente de Puerto Barrios pidió al MP que la investigara por falso testimonio.
Asimismo, mencionaron el caso de tres estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), que murieron en el Lago de Izabal en el año 2012, caso por el cual hasta esta semana hubo sentencia.
En Chiquimula está el caso de Erasmo Ramos, defensor de la tierra en el municipio de Olopa, quien fue condenado a 20 días de prisión por supuestamente haber insultado a un agente de seguridad de una minera; el juez desestimó los señalamientos que Ramos hizo contra el agente por haberlo amenazado con un arma de fuego.
