Por Cristian Velix
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La abogada Delmi Castañeda, defensora de la magistrada separada del cargo Blanca Stalling, presentó una excusa a la Sala Primera de Apelaciones para no comparecer a la audiencia programada para hoy en la que se conocería la recusación en contra del juez Víctor Cruz, por lo que se suspendió.
La abogada dijo tener problemas de salud, no obstante, a la audiencia sí asistió Stalling, sin embargo, no dio declaraciones a la prensa.
El proceso penal de la magistrada de la CSJ separada del cargo ha estado detenido desde 2017 y desde entonces no se ha celebrado la etapa judicial de apertura a juicio.
ANTECEDENTES
La solicitud de que un juzgado deje de conocer el caso de Stalling no es nuevo, con anterioridad, tres juzgados se separaron de la investigación en contra de la magistrada separa del cargo. El juez que ligó a proceso a la exfuncionaria pública, Adrián Rodríguez, titular del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, fue el primero en dejar de conocer su caso.
Posteriormente, José Manuel Alvarado Pacheco, del Juzgado Octavo de Instancia Penal, se separó del caso, esto, porque según el juzgador, él sostuvo una amistad con Stalling cuando laboró como oficial en el Juzgado de Ejecución Penal.
El tercer juzgado que dejó de conocer el caso de la exdirectora del IDPP fue el Juzgado Noveno de Instancia Penal, cuya titular es Silvia Coralia Morales. La togada indicó que estaba incluida en el listado “Los jueces de la impunidad”, un informe elaborado durante la gestión de Francisco Dall’Anese en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por lo que se podría dudar de su imparcialidad.
SEÑALAMIENTOS
El 8 de febrero de 2017 Stalling fue capturada en una abarrotería de la zona 9. Ese día usaba peluca y presuntamente intimidó a agentes policiales con un arma de fuego. Ella fue denunciada el 10 de enero de ese mismo año por el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda, quien fue citado por la magistrada separada del cargo para que le diera una medida sustitutiva a su hijo, Otto Molina Stalling, sentenciado en el Caso IGSS-Pisa.
Por el hecho de supuestamente intimidar a los agentes policiales y de intentar influir en las decisiones del juzgador Ruano, la Fiscalía le sindica los delitos de resistencia al arresto con agravación específica y el de tráfico de influencias.
