Por Cristian Velix
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Esta mañana se realizó la audiencia de última petición de los acusados en el Caso Patrullas -fase 2-, en el que está acusado Mauricio López Bonilla, exministro de la cartera de Gobernación, quien declaró ante el Tribunal Octavo de Sentencia Penal.
El exministro fue el primero de los 20 señalados en hacer su última petición y argumentó que él nunca había colocado su firma en algo que fuera ilegal y que no tuviera el dictamen técnico, financiero y jurídico para que se realizaran las acciones que se le imputan.
“En el caso de la Policía Nacional Civil (PNC) jamás me hubiera prestado para hacer algo que dañara a una institución a la que le dediqué probablemente el 80% de mi gestión, y con resultados que algún día se valorarán”, manifestó López Bonilla.
El exfuncionario indicó que estaba ante el Tribunal con convicción y agregó que con una citación de un juez se hubiese presentado ante el Juzgado, por lo que no era necesario girar una orden de aprehensión en su contra.
El exministro manifestó que por la coyuntura sabía que en algún momento iban a llegar por él y añadió que esperó encomendándose a Dios, “para venir con seguridad, con temple, con dignidad ante la autoridad como corresponde”.
“Ustedes están investidos de autoridad, como creyente yo sé que esa autoridad viene de Dios”, dijo el sindicado al dirigirse al Tribunal. Además, les dijo: “Sea cuál sea su veredicto, créanme de corazón, aunque no lo comparta lo voy a aceptar, por ese respeto a la autoridad y no tomo nada a lo personal”.
López Bonilla finalizó diciendo que su trabajo estaba a la luz y que estuvo del lado de la ley, no obstante, comentó que “nadie puede ser infalible, aún con todas las asesorías”. A pesar de ello, el exministro de Gobernación enfatizó que nunca hubo intención en hacer algo en detrimento de la institución que dirigió durante tres años y medio.
INVESTIGACIÓN
Según las pesquisas realizadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), Mauricio López Bonilla perteneció a una estructura que desvió fondos de la Policía Nacional Civil (PNC) con el fin de adquirir bienes y servicios, particularmente para la reparación de autopatrullas, además de remozamientos y remodelaciones de subestaciones policiales.
Por dicho caso, la Fiscalía solicitó 13 años y 9 meses de prisión inconmutables para el exministro, por los delitos de fraude y peculado por uso. El Tribunal tiene programado emitir sentencia en este caso el próximo 17 de mayo.
