Por Redacción La Hora
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La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) manifestó que las medidas de seguridad decretadas por la jueza Sabrina Salazar a favor de Sandra Torres, presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), muy probablemente se convertirán en medidas de impunidad.
La CIJ indicó en un comunicado de prensa que las medidas de seguridad otorgadas por la jueza a Torres que prohíben el acercamiento del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval y el fiscal Andrei González, deben ser investigadas porque en lugar de impartir justicia puso más obstáculos a la investigación de un caso, en referencia a la investigación por delitos de financiamiento contra Torres.
De acuerdo con Ramón Cadena, director de la CIJ para Centroamérica, la investigación que llevan a cabo ambos fiscales de ninguna manera puede ser calificada de “acoso”, “agresión” o “amenaza” y mucho menos, aplicar la Ley de Femicidio, imponiendo medidas de seguridad que se convertirán “muy probablemente en medias de impunidad”.
Según la CIJ, está claro que estas medidas de seguridad impuestas limitan la función legal de ambos fiscales. “Exigimos a la Fiscal General que inicie una investigación rápida y objetiva, ya que esa es precisamente su principal función constitucional” indicó Cadena.
Según Cadena, al igual que hizo el presidente Jimmy Morales en 2017, la candidata Torres que invocó ante la jueza Salazar la ley de Femicidio, incurrió en “fraude de ley” y su conducta podría incluso constituir una conducta delictiva, que debería ser investigada también por el MP, ya que lo que realmente busca es evadir la justicia y poner límites a quienes investigan un posible hecho delictivo.
