Por Denis Aguilar
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Acción Ciudadana presentó ante la Junta de Disciplina del Organismo Judicial una denuncia contra la jueza Susan Sabrina Salazar Escobar, titular del Juzgado de Turno de Femicidio, que benefició con medidas cautelares a la candidata presidencial Sandra Torres, las cuales prohíben a los fiscales Juan Francisco Sandoval y Andrei González “intimidar” a la presidenciable.
Edie Cux, de Acción Ciudadana (AC), indicó que lo dictaminado por la jueza para beneficiar a la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) podría tratarse de una “falta gravísima”, según lo establecido en el artículo 42, literal h, de la Ley de la Carrera Judicial.
“Se prohíbe a los jueces interferir en las funciones de otros organismos”, dijo Cux.
El inciso “h” del artículo 42 de la mencionada Ley señala que son faltas gravísimas “interferir en el ejercicio de funciones de los otros organismos del Estado, sus agentes o representantes”.
“Que se denuncie este hecho trae responsabilidades y si se comprueba por parte de la Junta de Disciplina y Supervisión de Tribunales (el hecho) involucra incluso la destitución de la titular”, agregó.
La jueza ordenó la semana pasada al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval y al fiscal Andrei Vladimir González, no “intimidar o perturbar” a Sandra Torres durante los próximos tres meses.
HACEN LLAMADO A LA FISCAL
Cux mencionó que hace un llamado específico a la Fiscal General y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, para que abra un expediente de oficio ya que puede haber la posibilidad de que se haya dado el delito de prevaricato.
“Especialmente porque estamos hablando de la interferencia en las funciones que ella misma tiene, o sea el artículo 251 de la Constitución que es el ejercicio de la acción penal, el cual nosotros creemos que se está vulnerando en la resolución de esta Jueza de Femicidio”, resaltó.
Sobre la posibilidad de presentar una querella por este caso, Cux mencionó que quien debe defender su posición y sus competencias es la Fiscal General, aunque no descartó participar como terceros interesados si así se diera el caso.
“Estamos tratando de cumplir como ciudadanos presentando esta denuncia en el sistema de disciplina judicial y también hacemos un llamado para que los jueces respeten la ley y que dicten sus resoluciones en base a derecho”, agregó.
Según Cux, lo que está sucediendo es una politización de la justicia, lo cual aseguró que afecta todo tipo de resoluciones.
SITUACIÓN DELICADA
Acción Ciudadana dijo que ven como situación “delicada” el uso que se le dio a la Ley Contra el Femicidio a dicha resolución, ya que existen miles de casos en que las mujeres están siendo afectadas en sus derechos y que en muchas ocasiones las autoridades no atienden esas necesidades.
“Por una cuestión política emiten estas medidas cautelares, lo cual considero que es una falta de respeto para todas las mujeres en Guatemala que están sufriendo violencia”, dijo Cux.
