Por Denis Aguilar
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La candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, se valió de la Ley de Femicidio para amedrentar al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, luego de que una jueza ordenara medidas de seguridad a favor de la candidata presidencial de la UNE y prohibiera a Sandoval y al fiscal Andrei González “perturbar o intimidar” a Torres.

Analistas calificaron como un “absurdo” la petición de Torres y consideran que desvirtúa la Ley de Femicidio, que protege a las mujeres víctimas de violencia de género.

Para la politóloga Stephanie López, la acción de Torres es “una acción totalmente desvirtuada”, ya que está desvirtuando la finalidad que tiene la referida Ley.

“De entrada la utiliza para dos cosas, una es para victimizarse por razones y por medidas que son absolutamente distintas a las cuales en este momento se le está señalando y lo segundo es que están utilizando una Ley de Femicidio también para amedrentar a un fiscal, es decir que acá el tema de la independencia judicial no solo está en tela de duda, sino también la posibilidad de utilizar un mecanismo que ha sido especializados para mujeres que están sufriendo de violencia de género”, dijo.

López expresó que el hecho de ser mujer no significa que cualquier acción que se cometa en contra de ellas sea violencia de género, recordando que Torres está emulando lo que alguna vez hizo Roxana Baldetti.

“Me parece algo sumamente condenable y que todos en general, pero sobre todo las mujeres, deberíamos tomar en cuenta a la hora de ir a las urnas y considerarlo como un criterio para votar o no votar por esa persona”, aseguró.

“Es deplorable que en un país con altos índices de violencia tengamos candidatas que desvirtúen la Ley de Femicidio para sus propios fines. No solo es una acción irresponsable y cínica, sino una ofensa para todas las mujeres que siguen luchando por visibilizar la violencia de género y encontrar mecanismos para disminuirla”, resaltó.

ABSURDO

El abogado constitucionalista, Alejandro Balsells, calificó como un “auténtico absurdo” la acción que interpuso Sandra Torres contra Sandoval, sobre todo por el hecho de que ella no haya querido salir a explicar por qué lo está haciendo, agregando que es un acto de autoritarismo.

“Solo demuestra el tema de fondo, es una muestra de autoritarismo y si hace un acto de autoritarismo siendo candidata, imaginemos lo que viene ya siendo presidenta”, dijo Balsells.

Además, mencionó que Torres se está rodeando de personas que no se animan a decirle que no, agregando que la candidata presidencial tiene abogados que le dicen “sí” a cualquier cosa que ella diga o proponga.

“Esto le trae incluso animadversión electoral”, dijo Balsells, en relación a cómo esta situación podría afectarla de cara a las elecciones generales.

Balsells también criticó a la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, debido a que no ha salido en defensa de Juan Francisco Sandoval, lo cual indicó que es su obligación.

“Creo que es la doctora Porras la que debería estar defendiendo la actividad institucional del Ministerio Público y que creo que de definitivamente deja muchísimo que desear la actitud de la Fiscal General en estos momentos donde existe un ataque institucional a una piezas más importantes de la entidad que ella dirige”, subrayó.

LAS MEDIDAS

La jueza Sabrina Salazar Escobar, del Juzgado de Turno de Primera Instancia de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la Mujer ordenó medidas de seguridad a favor de Torres y prohibió a Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI y al fiscal Andrei González, “perturbar o intimidar” a Torres.

Según el documento enviado a la PNC, la orden es de tres meses y señala a Sandoval y González como los presuntos agresores de la candidata. Ambos investigaron el caso por delitos de financiamiento que involucra a Torres y por el cual la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó una solicitud de antejuicio en su contra.

Por su parte Sandoval dijo hoy que accionará legalmente presentando un recurso de oposición antes las medidas cautelares presentadas en su contra, argumentando que él simplemente ha ejercido lo que la Ley le confiere.

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