Por Eder Juárez
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Luego de que la fiscal general, María Consuelo Porras, se excusara por medio de un comunicado por el atraso en el caso de Sandra Torres y cuatro diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), señalados por delitos de financiamiento, analistas consideran que esta situación profundiza las dudas sobre los tiempos en el que se debió presentar el expediente.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazara la solicitud de antejuicio que presentó junto al Ministerio Público (MP) contra la presidenciable Torres y cuatro diputados de la UNE por delitos de financiamiento electoral ilícito.
La CICIG mencionó en la acción que el caso estaba listo desde 11 de octubre de 2018, pero que este se retrasó hasta febrero de este año.
De acuerdo con Renzo Rosal, analista político independiente, el atrasar o adelantar convenientemente un expediente y particularmente en un caso de alto impacto que además se suma a la coyuntura del proceso electoral, se mira con una señal de retroceso y deterioro institucional.
“Pero lo más preocupante es la posible subordinación que hoy se tiene de un órgano autónomo, que tal parece que esta historia de manejar los tiempos tiene que ver con una intención que ahora tiene la gestión de la fiscal general, Consuelo Porras, de sectores que precisamente manejan esos hilos a su connivencia”, dijo Rosal.
Agregó que “es una señal peligrosa para el país, que un órgano de la naturaleza del MP esté en ese tipo de dinámicas, el comunicado que presentó no aclara evidentemente el tema, sino al contrario profundiza las dudas y los cuestionamientos, porque nunca dice por qué se tardaron y se presentó el día cuando Torres estaba legalmente inscrita”.
Además, refiere que la mención reiterada que hace el comunicado del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, tiene el propósito de vincularlo a él de esa decisión, es decir que sabía, avaló y consintió ese proceso, “es nada más para meterlo en esa jugada”.
Según Rosal, “el MP es una institución absolutamente jerárquica y absolutamente unipersonal, depende de las decisiones del Fiscal hombre o mujer que ocupe ese espacio. Así que el intento por vincular a Sandoval o a otro Fiscal es una acción que le resta credibilidad al comunicado y por lo tanto abre más los cuestionamientos sobre qué otras cosas hay detrás de los tiempos”, manifestó el analista.
QUEZADA: MP TUVO CUATRO AÑOS PARA INVESTIGAR
Por su lado Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) dijo que en este caso no hay que irse con la finta, porque si alguien tenía demasiadas tachas era Sandra Torres.
“La fiscal Thelma Aldana tuvo cuatro años para denunciarla y la presión pública le preguntaba por qué no había hecho nada, y ella se excusaba que no tenía evidencia, entonces la finta es, porqué le trasladan evidencia a una Fiscal casi en el filo del tiempo cuando tuvo esa fiscalía cuatro años para investigar”, expresó Quezada.
Cuestionó cómo es posible que esa grabación que se filtró de Sandra Torres y Gustavo Alejos, que se produjo en el 2015, cobra vigencia hasta finales de 2018, “esa grabación se genera en ese año, las grabaciones no se pueden rescatar después de años, una llamada interceptada se hace en ese momento, es decir que esa llamada la tienen en su poder desde el 2015”, refirió el analista.
Además, indicó que la pregunta de fondo es para la administración anterior de por qué no se investigó, esto con el objetivo de ir a fondo del tema. “Al día de hoy la responsable de todo esto es la administración de Thelma Aldana”, manifestó Quezada.
