POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
El lunes a las 10:00 horas se tiene programada una vista pública en la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo en la que el abogado Alejandro Balsells expondrá los argumentos de por qué considera que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) debe ser fiscalizado por la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Esta vista pública es parte del trámite de un amparo que interpuso el abogado Balsells con el cual busca que se obligue a la Contraloría fiscalizar las cuentas del Colegio de Abogados.
El argumento del profesional del derecho es que el Colegio maneja alrededor de Q600 millones en un fondo de prestación derivado del impuesto de timbre notarial y timbre forense. De tal cuenta, el año pasado el CANG recibió Q8.5 millones de aporte estatal por las comisiones de los timbres, dijo Balsells.
“El año pasado el Colegio recibió Q8.5 millones de aporte estatal por las comisiones de timbres. Todo ese dinero es para el fondo de prestaciones, el tema es que tradicionalmente se ha considerado que la Contraloría General de Cuentas no fiscaliza ese dinero, lo cual a mi juicio no puede ser así porque es dinero proveniente de impuestos”, explicó el profesional.
Según explicó Balsells, la CGC, el CANG y el Ministerio Público se han opuesto a la fiscalización del Colegio.
El problema de la falta de fiscalización es que los fondos del Colegio han sido administrados de forma discrecional, dijo Balsells.
La Hora intentó obtener una postura de Ovidio Orellana, recién electo como presidente del CANG, pero al cierre de esta edición no respondió las llamadas a su celular.
ANTECEDENTES
Acción Ciudadana interpuso un amparo en marzo de 2017 en contra de la Asamblea de Colegios Profesionales por un incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública.
El amparo se interpuso porque el CANG se negó a proporcionar información a dicha organización sobre cómo administran los fondos.
Acción Ciudadana argumentó que el no proporcionar la información constituía un incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública porque, según la Ley de Colegiación Profesional, todos los profesionales colegiados deben pagar una cuota mensual de Q15 en concepto de Impuesto sobre el Ejercicio de las Profesiones Universitarias, del cual Q7.5 va destinado a la Universidad de San Carlos y Q7.5 a la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales. Este aporte recibido por los colegios hace que estén obligados a rendir cuentas.
En junio del año pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó a la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales que entregaran la información requerida por Acción Ciudadana.
