POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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Luego de un mes ausente, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) volvió a acudir presencialmente a una audiencia en Tribunales del Caso Manipulación de Justicia. Ante ello, los intentos por separarla como querellante adhesiva no se hicieron esperar.
Leily Santizo, abogada guatemalteca que representa a la CICIG en el caso, se apersonó esta mañana a la Sala del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, para la audiencia de etapa intermedia del Caso Manipulación de Justicia.
Sin embargo, previo a que iniciara la audiencia, la defensa del exfiscal contra el Crimen Organizado, Rony López, quien está ligado a proceso penal por el delito de obstrucción a la justicia, solicitó al juez, sin éxito alguno, que separara definitivamente a la CICIG como querellante adhesiva.
Para hacer valer su petición, la defensa presentó un incidente legal de “falta de acción”, con el cual argumentó al juez que el acuerdo presidencial que dio por finalizado, anticipada y unilateralmente, el acuerdo de creación de la CICIG se encontraba vigente. En virtud de ello, el abogado indicó al juez que la mandataria de la CICIG no estaba facultada para intervenir en el proceso.
El juez Gálvez le concedió la palabra a la representante al Ministerio Público (MP) que, por medio de la fiscal Mónica Medrano, solicitó que el incidente fuera declarado sin lugar por carecer de legalidad.
La fiscal argumentó que el 9 de enero la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional dejando sin efecto el acuerdo presidencial que dio fin, de forma unilateral y anticipada, el acuerdo de creación de la CICIG.
De igual forma, la mandataria de la CICIG dijo que la resolución de la CC dejó sin efecto la denuncia que el Ejecutivo hizo del acuerdo de creación de la Comisión.
“Denunciar el acuerdo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala después del 9 de enero no tiene ninguna validez… Si profundizamos en esos efectos del amparo provisional, voy a señalar la tercera característica, señor juez, y es que deja el acto en el estado en el que se encontraba antes de que las garantías fueran vulneradas, entonces, ¿Cuál es el efecto jurídico? Que el acuerdo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala no fue denunciado”, dijo la representante de la CICIG, Leily Santizo.
Finalmente, el juez Gálvez le dio la razón al MP y a la CICIG y no accedió a la petición de la defensa de López Jerez y de otros sindicados de separar a la Comisión como querellante adhesiva.
Gálvez dijo que nadie obligó a “los señores del Congreso” para firmar el acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala por medio del cual se creó la CICIG y advirtió que los acuerdos deben cumplirse de buena fe.
