POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
Una nueva investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) develó que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) financió su campaña electoral de 2015 con fondos provenientes de actividades criminales y otras aportaciones anónimas que suman Q19 millones 531 mil 753.
Por estos hechos, el MP y la CICIG presentaron una solicitud de antejuicio contra la candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, por presuntamente haber incurrido en financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, y se emitió una segunda orden de captura contra Mario Leal Castillo, excandidato a la vicepresidencia con Torres, por financiamiento electoral ilícito.
La investigación se inició luego de que surgiera información en el Caso Traficantes de Influencias que daba indicios de probables aportaciones anónimas y financiamiento proveniente de actividades ilícitas a la UNE que no fueron reportadas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) como lo exige la ley.
Los investigadores detectaron que para la campaña de 2015 la UNE se valió de dos empresas, Maariv S.A. y Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (Prohabsa), ambas empresas de papel, es decir, entidades que no tenían actividad comercial sino que únicamente simulaban servicios, para recaudar y administrar recursos destinados a la campaña.
De los recursos captados, Q3 millones 458 mil 407 provenían de sobornos que la estructura criminal del Caso Traficantes de Influencias cobraba a empresarios a cambio de agilizarles la devolución de crédito fiscal.
Estos Q3.4 millones fueron entregados por la estructura criminal a través de la empresa Ingeniería Integral, de la cual era representante legal Marlon Marroquín (hijo de Geovanny Marroquín, procesado en Traficantes de Influencias) a Mario Leal.
Leal decidió trasladar este dinero a Maariv S.A. y Prohabsa S.A. (que estaban vinculadas con él) las cuales a su vez los invirtieron en la campaña de la UNE.
MAARIV
Maariv recibió Q9 millones 64 mil para la campaña de la UNE que provenía, en mayor parte, de financistas anónimos.
Entre las empresas y personas que aportaron de forma anónima a la campaña de la UNE están Edificaciones Corporativas, vinculada con la familia de Mario Leal, aportó Q3 millones 360 mil, Grupo Inmobiliario San Felipe, del diputado Julio Ixcamey, aportó Q1 millón 700 mil y Mynor Feizal Zimeri, aportó Q1 millón 700 mil, entre otros.
Además, Maariv también obtuvo Q500 mil provenientes de sobornos que cobró la estructura criminal del Caso Traficantes de Influencias a empresarios a cambio de agilizarles la devolución de su crédito fiscal. Los Q500 mil fueron aportados a Maariv por Marlon Marroquín Silva, representante legal de Ingeniería Integral.
PROHABSA
Prohabsa era representada legalmente por Carlos Rivera Gallardo, y también recibió sobornos que Ingeniería Integral captó de la estructura criminal del Caso Traficantes de Influencias por un monto Q2 millones 958 mil 407.
Asimismo, varias empresas entregaron dinero a Prohabsa simulando que ésta les prestaba un servicio, cuando realmente lo que se hacía era financiar la campaña de la UNE.
Entre estas entidades se encuentra Compañía Agrícola Industrial, que aportó Q1 millón 750 mil y Comercializadora Kutno, aportó Q1 millón. Estas dos entidades están vinculadas con Mario Leal.
En total, Prohabsa recibió Q7 millones 670 mil 898 para el financiamiento anónimo de la UNE.
Prohabsa no figura como financista de campaña de la UNE ante el TSE.
FISCAL NO DA EXPLICACIONES
La investigación del Caso Traficantes de Influencias está lista desde finales del año pasado. Sin embargo, el caso se develó hasta hoy, un día después de que Sandra Torres obtuviera su credencial de candidata a la Presidencia, calidad que le atribuye el derecho de inmunidad.
A través de comunicación social, se consultó con la Fiscal General, Consuelo Porras, por qué se esperó a destapar la investigación hasta que Sandra Torres fuera inscrita como candidata a la Presidencia, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
CONCLUSIÓN
El MP y la CICIG concluyeron que Maariv y Prohabsa simularon relaciones comerciales o préstamos para ocultar los aportes recibidos por los donantes y el origen de recursos que provenían de actividades ilícitas.
En total se giraron doce órdenes de captura, siete solicitudes de antejuicio y siete citaciones a primera declaración.
