Por Eder Juárez
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El subcontralor del Gasto de la Contraloría General de Cuentas, César Elías, informó que dicha institución ya realiza las auditorías al Congreso de la República del Ejercicio Fiscal 2018. “Actualmente tenemos una auditoría financiera y de cumplimiento al Congreso para la ejecución presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2018, ya está en curso la auditoría, inició en agosto” dijo Elías al ser consultado por el tema de una millonaria indemnización a veinte trabajadores del Congreso, que contraviene lo establecido en la Constitución.

Aseguró que solo a requerimiento de los entes fiscalizados se puede realizar una auditoría especial y que de oficio no pueden hacerla porque ya se está haciendo la auditoría del 2018.

“Nosotros no podemos empezar un examen especial de auditoría salvo a requerimiento de la Comisión de Auditoría. Nosotros no podríamos interferir en la auditoría que se está practicando actualmente el equipo del Congreso, se está auditando del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018”, afirmó Elías.

El funcionario expresó que será una competencia del equipo que actualmente está practicando la auditoría al Ejercicio Fiscal 2018, que decida si se realiza una auditoría especial al rubro de indemnizaciones que se dieron en el Congreso durante el 2018.

MP ANALIZA INVESTIGACIÓN

En tanto la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) analiza si realiza una investigación de oficio por el pago de indemnización a 20 trabajadores del Congreso, informó Julia Barrera, vocera del ente investigador.

De acuerdo con Barrera “como la fiscalía está haciendo el análisis, de considerar procedente, se iniciará de oficio”.

CONGRESO PAGÓ INDEMNIZACIÓN MILLONARIA

“La Hora” pudo documentar que a partir del mes de agosto de 2018, la Junta Directiva del Congreso de la República, aceptó la renuncia y autorizó el pago de prestaciones de al menos 20 trabajadores del Congreso de la República contratado como personal 011, con fundamento en dictámenes del Departamento de Nóminas, Prestaciones y Honorarios, contraviniendo artículos de la Constitución y resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Este vespertino publicó la lista de al menos 20 casos identificados. Hubo casos en los que pagaron hasta 50 y 33 años de servicio, por los que se pagó Q2 millones 429 mil 524 con treinta y ocho centavos y Q1 millón 314 mil 928.

Para cumplir con los pagos la Junta Directiva acordó tomar recursos propios (ahorros de economías de años anteriores) por la cantidad de Q22 millones 820 mil 758.

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