POR REDACCIÓN LA HORA
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El Ministerio Público (MP) emitió en un comunicado la respuesta de la fiscal general Consuelo Porras, en relación con la disposición de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de finalizar el convenio de cooperación entre ambas instituciones, el cual creaba la Agencia Fiscal Especial en el Aeropuerto Internacional La Aurora. El entre investigador también dijo que accionaron legalmente.
El MP lamentó la “decisión apresurada y unilateral” asumida por la DGAC en cuanto a dar por terminado el convenio de cooperación interinstitucional donde participaba el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) a través de la referid Dirección.
Según el comunicado, dicha decisión supone un retroceso de los esfuerzos interinstitucionales emprendidos para la persecución penal estratégica de delitos relacionados con tráfico de personas, trata de personas, lavado de dinero u otros activos, tráfico de drogas y armas, defraudación y contrabando aduanero.
“El objetivo primordial del convenio es desarrollar una línea de actuación interinstitucional, conjunta y coordinada, a fin de dar respuesta efectiva ante distintos fenómenos delincuenciales que perjudican a la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional, lo que sería afectado seriamente por la decisión unilateral asumida, evidenciando un retroceso en los avances logrados en la aplicación efectiva de la ley y la justicia”, destacó.
El ente investigador agregó que de esa cuenta y con base a los mecanismos propios de un Estado de Derecho, ha decidido interponer la acción legal correspondiente, con el fin de evitar el menoscabo y obstaculización de la justicia.
ANTECEDENTE
La DGAC tomó esta decisión tras una evaluación en las instalaciones aeroportuarias este día, donde participó el titular de esa institución, Francis Argueta, así como los ministros de Gobernación y Defensa, Enrique Degenhart y Lui Miguel Ralda respectivamente.
Por otro lado, el pasado sábado delegados de Migración no permitían el ingreso de Yilen Osorio, investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y por ello fiscales del Ministerio Público (MP) actuaron de oficio para que se permitiera la entrada del funcionario internacional, pues existía una resolución judicial que lo autorizaba.
