Por Eder Juárez
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La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Gobierno del presidente Jimmy Morales dejar en suspenso la decisión de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala que establece la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El Pleno de Magistrados de la CC votó por mayoría dicha decisión, sin embargo, se tuvo un voto razonado disidente de la magistrada presidenta Dina Ochoa.
El pleno de la CC conoció en la sesión del pleno que comenzó ayer en horas de la noche y que finalizó en la madrugada de este miércoles varios amparos presentados contra de la decisión del Gobierno de Morales, mientras que afuera de la Corte ciudadanos formaron una “cadena humana”, para defender la democracia y el Estado de Derecho.
Según se informó, el Tribunal estimó pertinente otorgar el amparo provisional que promovieron Manfredo Marroquín, Marco Vinicio Mejía, Miriam Catarina Roquel, en su calidad de Procuradora Adjunta I de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Helen Mack, Rodilio García Orozco, Roselín García Bautista, Rodilio Alberto García Bautista y Mauricio García Bautista, que ordena dejar en suspenso la decisión emitida por las autoridades de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el Acuerdo entre la ONU y el Gobierno relativo al establecimiento de la CICIG.
La Corte exhortó a las autoridades denunciadas para que en el ámbito de su competencia, instruyan a los funcionarios y empleados de dependencias para que faciliten el debido funcionamiento de la CICIG, sin embargo, hay que tomar en cuenta que la ONU activó un plan de contingencia para los funcionarios de la Comisión y retirarlos del país por la falta de garantías de seguridad.
Se notificará al presidente Jimmy Morales; al vicepresidente Jafeth Cabrera; al Congreso de la República; a la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel; al ministro de Gobernación Enrique Degenhart; al Consejo Nacional de Seguridad de Guatemala; al ministro de la Defensa Nacional; a la Fiscal General y al Procurador General de la Nación.
“La notificación que se efectúe a los citados funcionarios públicos los obliga al cumplimiento de lo decidido en el fallo” informó la Corte.
Por su parte el Gobierno informó que analizaría la resolución de la CC con todas las instituciones referidas por la Corte. Una vez evaluada la resolución darán a conocer su postura.
VOTO RAZONADO
En la resolución de la Corte tuvo el voto disidente razonado de la magistrada presidenta, Dina Ochoa, en la que establece que “la CC no es competente para conocer acciones en las que se discuten decisiones adoptadas por el Presidente de la Republica en el ejercicio de sus funciones que le asigna el artículo 183, literal o, de la Constitución Política de la República de Guatemala, consistentes en dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios internacionales”.
Además, agregó que “la declaración emitida por el Jefe de Estado, a mi juicio, es vinculante, indeleble e irrevocable, ya que el mecanismo de negociación, como reflejo de la política exterior, es una facultad conferida por la Constitución, como consecuencia un órgano interno como la Corte no puede impedir el trámite de finalización de un acuerdo, ya que ni siquiera la ONU, a través de su Secretario General, está realizando los esfuerzos para solventar la situación del incumplimiento del Acuerdo en cuestión”.
