POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, dijo que la solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) al personal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para que devuelvan el carné que los identifica como expertos del ente internacional constituye un nuevo obstáculo para el trabajo conjunto entre Ministerio Público y la CICIG.
Sin embargo, Sandoval hizo énfasis en que los casos que ya se dilucidan en los tribunales continúan ya que las personas sindicadas cometieron delitos y eso no se puede revertir.
El jefe de la FECI comentó que el acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y Naciones Unidas que da vida a la CICIG está vigente, por lo que se debería permitir al personal de la Comisión que realice sus labores.
«Estos investigadores o coordinadores de grupo son quienes tienen conocimiento de varias de las investigaciones que se encuentran en desarrollo y, derivado de la decisión del Presidente de la República de no renovar el mandato, por lo menos se debería permitir que ellos continuaran con el trabajo que se encuentran desarrollando”, comentó.
Además, agregó que esta disposición del Ejecutivo “constituye un nuevo escollo al trabajo que realiza la CICIG y lo que implica es que no cumplan al cien por ciento con el mandato que, al final de cuentas, está en desarrollo».
Entre el personal al que la Cancillería solicitó la devolución de las acreditaciones se encuentra el litigante César Augusto Rincón, quien representa en la CICIG en el juicio que se desarrolla contra José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales, hijo y hermano de Jimmy Morales, ambos sospechosos de cometer fraude.
También se le solicitó la devolución de la acreditación a Luis Fernando Orozco, quien tuvo participación en la investigación que se realizó del Caso La Línea, en el que están procesados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
