POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt

Desde junio, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) solicitó al Juzgado de Mayor Riesgo «B» autorización para pedir por la vía diplomática al Reino de España que se juzgue en ese país al empresario español Ángel Pérez Maura, vinculado con el Caso TCQ. Dicha petición aún no ha sido resuelta.

La FECI busca autorización judicial para solicitar a la justicia española que procese a Pérez Maura por los delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho activo.

En un inicio, el Ministerio Público (MP) solicitó al Reino de España que extraditara a Pérez Maura para juzgarlo en Guatemala. Sin embargo, esa petición fue rechazada, pero se dejó abierta la posibilidad de que la Fiscalía guatemalteca solicitara que el sindicado enfrente cargos en su país de origen.

Según informó la FECI, por medio de la Unidad de Asuntos Internacionales del MP se solicitó al Juzgado de Mayor Riesgo “B”, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, que autorice hacer la solicitud por la vía diplomática.

De momento, la Fiscalía está a la espera que el Juzgado de la autorización. Posterior a ello, el expediente se enviaría a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y esta lo enviaría a la Cancillería, instancia que sería la encargada de solicitar formalmente a las autoridades españolas que procesen penalmente a Pérez Maura.

SINDICACIÓN

Según el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desde inicios del gobierno del Partido Patriota, cuando se ideó construir una terminal de contenedores en Puerto Quetzal, Pérez Maura se unió con un grupo de servidores públicos y personas particulares para obtener “réditos” de esta obra.

El empresario español, siendo directivo de Grup Maritim TCB, fue designado como representante legal de TCQ y tuvo acercamientos con autoridades guatemaltecas para acordar el mecanismo para que se le adjudicara el proyecto sin utilizar los procedimientos administrativos adecuados.

La inversión total para la construcción de la terminal alcanzaría al menos 255 millones de dólares, según la investigación.

Artículo anteriorMP busca extinguir más bienes vinculados con Monzón
Artículo siguienteJefe de FECI: Retiro de acreditaciones son un obstáculo para el trabajo