POR HEDY QUINO
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Un grupo de diputados presentó esta mañana una iniciativa para reformar el Código Penal, el cual busca castigar con dos a tres años de cárcel a aquellos ciudadanos que realicen publicaciones en contra de los políticos. Esto en vísperas de las elecciones generales 2019.
Los parlamentarios que presentaron esta normativa son: Estuardo Galdámez, FCN Nación; Dolores Beltrán, Movimiento Reformador (MR); Karla Martínez, Eva Monte Bac y Delia Bac de Alianza Ciudadana (AC), respectivamente.
Monte Bac, afirmó que con esta iniciativa buscan evitar el “acoso y las campañas negras” en contra de los candidatos, así como a los políticos que ejerzan un cargo, durante y después del proceso electoral.
“Esto busca proteger a los candidatos y que las elecciones sean transparentes, pacíficas y democráticas”, añadió Monte Bac.
La propuesta contempla modificar el artículo 407 P del Código Penal. De ser aprobado este quedaría así: “Acoso Político. Quien o quienes realicen actos de presión, persecución y hostigamiento a las personas postulantes, electas, designadas o en el ejercicio de su función política, durante o después del proceso electoral, por cualquier medio de difusión y/o en plataformas digitales, con la finalidad de impedir el ejercicio de su derecho político o induzca a tomar decisiones en función de su cargo en contra de su voluntad, sus principios y de la ley, será sancionado con prisión de dos a tres años e inhabilitación para ejercer cargo público por un periodo similar al de la condena”.
“Si este delito fuere cometido por empleados o representes legales de una persona jurídica o una empresa, además de las sanciones aplicables a los participantes del delito, se impondrá a la persona jurídica o empresa una multa de dos mil a diez mil quetzales. Si se produce reincidencia, se sancionará a la persona jurídica o empresa con su cancelación definitiva”, concluye el artículo.
¿INICIATIVA LIMITARÍA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?
Al cuestionarle a la diputada Monte Bac, si esta iniciativa limitaba la libertad de expresión, respondió. “Una crítica es muy diferente a difundir un mensaje que no ha sido probado. Por ejemplo, que nos señalen de corrupción, mientras no esté comprobado ni denunciado, esto entra dentro de una sanción y es una forma de coacción en contra de un candidato”.
“Será el juez el que decida si es un crítica constructiva o destructiva, la mayoría de críticas son destructivas y se dan en las redes sociales. También se da la coacción en las entrevistas, por eso pusimos los medios, tanto de difusión nacional como digitales. No estamos siendo específicos con las redes sociales”, concluyó.
