Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt

Luego que el Gobierno emitiera un comunicado en el que expresaba que habían sido notificados por la Corte de Constitucionalidad, (CC), sobre la aclaración del amparo provisional que deja sin efecto la prohibición de ingresar al país del comisionado, Iván Velásquez, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el colectivo ciudadano de Justicia Ya y la migrante guatemalteca Betsy Castellanos, expresaron su preocupación por la situación del país y el actuar del presidente Jimmy Morales.

Gabriel Wer: Preocupa que gobierno no trate de resolver y acatar lo que dice la CC
-Justicia Ya-

De acuerdo con Gabriel Wer del colectivo ciudadano Justicia Ya, el Gobierno ha jugado a la ambigüedad en las últimas semanas, y contrario a lo que la población esperaría, además, mencionó que preocupa porque no se ve una contundencia de parte del Gobierno en tratar de resolver y acatar lo que dice la CC.

“Siguen insistiendo por hacerlo a su manera, aunque eso implique ignorar las órdenes de la Corte de Constitucionalidad y ahí está lo grave”, afirmó.

Wer, también destacó que en el comunicado, el Gobierno insiste en su punto al Secretario General de la ONU, pero ellos ya fueron claros en su postura y sostienen su confianza en el comisionado de la CICIG.

“El Gobierno está insistiendo en algo que no es viable. Se siente más como una provocación que como un gesto genuino de tratar de resolver el conflicto, porque todo se reduce a que no quieren que la CICIG funcione como tiene que funcionar”, detalló.

Jordán Rodas: La función esencial de la defensa del orden constitucional le corresponde a la CC
-Procurador de los Derechos Humanos-

Al respecto de la situación el Procurador de los Derechos Humanos, (PDH), Jordán Rodas, es necesario recordarle al Gobierno que según la Constitución, cada entidad del Estado posee sus funciones y según el artículo 268 de la Carta Magna, la función esencial de la defensa del Orden Constitucional le corresponde a la CC y no al Gobierno.

Por eso el Ombudsman, señala que no tiene fundamento legal el comunicado emitido por el Gobierno y que no abona a la gobernabilidad.

En cuanto al segundo párrafo del comunicado, agregó “lo que importa acá es que haya coherencia porque no se puede hablar de diálogo con una actitud y mensajes prepotentes… aún está a tiempo el Gobierno de no profundizar esta crisis innecesaria”. .

Por ello destacó que la ciudadanía, debe estar atenta a lo que sucede y se debe recordar el principio que no hay nadie superior a la Ley.

Betsy Castellanos: Las acciones del gobierno infunden miedo
-Migrante guatemalteca-

De acuerdo con Betsy Castellanos, una migrante que reside en Nueva York, la postura del Presidente resulta amenazante porque no especifica si acatará la orden de la CC, por lo que este 25 de septiembre mostrará su descontento con una manifestación a realizarse frente a la sede de la ONU.

A la vez, destacó que Morales, ha sido declarado como “Non grato”, en la ciudad de Nueva York, pues jamás ha respetado a los migrantes como ciudadanos guatemaltecos, a pesar del aporte que dan al país.

Sus acciones, asegura, infunden miedo, prepotencia, porque no respeta a la mayor autoridad en el país.

“Esto de CICIG ya lo tomó personal, contra Iván Velásquez. Lo peor que pudo hacer es escudarse en el Ejército, se ve como un perdedor y ahora marioneta de ellos, un total abuso de poder”, comentó.

Guillermo Castillo: Una medida irracional

El migrante Guillermo Castillo también cuestionó el comunicado del gobierno y planteó, si la intención del Gobierno es la de realizar un rompimiento del orden constitucional, lo que a consideración del entrevistado representaría un retroceso en varios aspectos.

“Analizando con frialdad, las últimas acciones del Presidente de Guatemala Jimmy Morales se puede cuestionar si lo que él quiere es lograr un aislamiento internacional. También se puede cuestionar si lo que busca es justificar un Estado de Sitio y romper el orden democrático al no reconocer los pesos y contrapesos entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, indicó.

“Esto sería el peor retroceso pues la justicia no se busca con balas sino frente al juez y se respeta la Corte. Si desea apelar la decisión de una Corte local lo puede elevar a organismo internacional”, añadió.

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