La Fundación para el Debido Proceso hizo un análisis de la iniciativa 5300, reformas a la Ley en Materia de Antejuicio que busca eliminar el filtro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), órgano que en la actualidad revisa si las solicitudes de antejuicio se realizan por motivos políticos o espurios.
POR HEDY QUINO
hquino@lahora.com.gt
La Coordinadora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Ursula Indacochea, analizó la iniciativa 5300, reformas a la Ley de Antejuicio que actualmente se conoce en el Congreso.
En una publicación, Indacochea señaló los peligros que corre el país de aprobarse la propuesta que busca eliminar el filtro de la CSJ para los procesos de antejuicio.
“En el caso específico de Guatemala, eliminar la intervención de la Corte Suprema de Justicia en el procedimiento de antejuicio, colocaría el destino de las acusaciones contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, directamente en las manos de un órgano político (cuyas actuaciones son a su vez controladas por dicha Corte) sin ningún tipo de salvaguarda que garantice que sean decididas bajo criterios estrictamente jurídicos”, se lee en el análisis.
“Esta circunstancia condiciona su independencia, y afecta su capacidad de controlar el ejercicio del poder político, expresado en leyes y actos de gobierno. Los magistrados, como cualquier funcionario público, están sujetos al principio de responsabilidad, pero con las salvaguardas que les garanticen la independencia de decidir de acuerdo a derecho y libres de presiones indebidas. La iniciativa 5300 de reforma a la Ley de Antejuicio, claramente camina en la dirección opuesta”, continúa la publicación.
Indacochea hizo referencia a las palabras del presidente Jimmy Morales, el día que anunció que no renovaría el mandato de la CICIG, cuando afirmó que su decisión era plenamente acorde con la Constitución y que por ello no acatará “decisiones ilegales”. El mensaje va dirigido a cualquier órgano jurisdiccional que se atreva a emitir una resolución que deje sin efecto su decisión, pero especialmente a la Corte de Constitucionalidad (CC), que en el pasado ha dejado sin efecto la decisión del mandatario de declarar “persona non grata” al titular de la CICIG, señaló.
En el texto, la experta resalta la importancia de contar con un filtro como lo es la CSJ en los procesos de antejuicios, especialmente aquellos promovidos en contra de magistrados de la CC. “De eliminarse la intervención de la Corte Suprema de Justicia, cualquier denuncia penal contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, donde por ejemplo se les impute haber dictado decisiones contrarias a la ley –“decisiones ilegales” en las palabras del Presidente–, tendría que detenerse para tramitar una solicitud de antejuicio, que sería remitida directamente a este órgano político para su decisión. No habría control jurídico previo”.
APROBACIÓN EN SUSPENSO
Actualmente se encuentra en suspenso la aprobación de la iniciativa de modificaciones a la Ley de Antejuicio, que busca otorgarle el control total al Congreso de los procesos de antejuicio en contra de magistrados de la CC, de la CSJ, así como del Procurador de los Derechos Humanos, para que sea este organismo el que decida si se le retira o no la inmunidad a un funcionario.
