Aunque la semana pasada uno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) afirmara que ese tema se conocería entre el miércoles y jueves último, la Presidenta del máximo tribunal de justicia no dio una fecha para conocer este caso.
POR HEDY QUINO
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Desde el pasado 24 de julio cuando la diputada Andrea Villagrán acudió a la CC a solicitar un amparo para frenar en el Congreso la aprobación de la reforma al financiamiento electoral ilícito, en su modalidad de anónimo y no registrado, la máxima Corte del país aún no emite un fallo.
La presidenta de la CC, Dina Ochoa, afirmó que este caso se tiene que programar, puesto que «las solicitudes que ingresan llevan un orden».
Ochoa dijo que el pleno de magistrados tiene que conocer «miles de casos», por esta razón no se ha conocido la solicitud de amparo de la congresista Villagrán.
«Podríamos conocerlo esta o la otra semana, tenemos que cumplir con los plazos», añadió la togada.
Según Villagrán por lo menos 66 legisladores tienen conflicto de interés para conocer la reforma del financiamiento electoral ilícito.
Por esta razón pidió un amparo para que ese grupo de diputados se inhiban de conocerlas.
¿SE DEBE CONTINUAR CON EL DEBATE?
Debido a que la CC tiene pendiente resolver la solicitud de amparo por el financiamiento electoral ilícito, algunos congresistas consideran que el pleno de diputados debe esperar la resolución de la CC para continuar con la discusión y aprobación.
El jefe del bloque Unidad Nacional de la Esperanza UNE, Orlando Blanco, dijo que «independientemente que nos guste o no los resultados de las Cortes hay que respetarlos y esperar los plazos».
«La CC ha demostrado que actúa con prudencia e imparcialidad, hay que dejar a la CC a que evalúe este caso», agregó.
El jefe de la bancada Winaq, Amílcar Pop, opina que la CC debió resolver en definitiva este tema, antes de pedirle al Congreso que se encargara de esa modificación.
SEÑALADOS DE FINANCIAMIENTO ELECTORAL ILÍCITO
El presidente Jimmy Morales enfrenta una nueva solicitud de antejuicio por financiamiento electoral ilícito.
La petición la hizo el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el pasado viernes.
Además, el partido que lo llevó a la Presidencia, FCN Nación, se encuentra en un proceso de cancelación por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por la misma falta.
Las organizaciones políticas Unidad Nacional de la Esperanza UNE y Encuentro por Guatemala también enfrentan un caso por ese mismo delito.
FINANCIAMIENTO ELECTORAL ILÍCITO
El cambio al Código Penal, Artículo 407 N, financiamiento electoral ilícito busca disminuir las penas y multas para esa falta.
De ser aprobada la reforma, ese delito sería castigado con uno a cinco años de prisión conmutables. Actualmente es con doce años de cárcel inconmutables.
Esta modificación se encuentra a pocos pasos de ser aprobada.
