Por Redacción La Hora

El Frente Ciudadano contra la Corrupción (FCCC) manifestó su preocupación de que no se esté haciendo un abordaje integral a los distintos y graves problemas que están afectando al sistema judicial y que, según sus integrantes, requiere adecuar el marco legal, utilizar eficientemente los recursos y castigar a quienes desde los distintos organismos han logrado generar caos en el sistema judicial.

“En las últimas semanas se ha hecho mucho más evidente la necesidad de atender las deficiencias en las instituciones que tienen la responsabilidad de garantizar a todas las personas el acceso a la justicia, defendiendo los derechos de los ciudadanos y haciendo que se respete el marco legal para combatir la impunidad, marco legal que debe aplicarse conforme a derecho para no ahondar en el colapso del sistema” indican en el comunicado.

En un pronunciamiento, el FCCC indicó que lo importante es atender las causas estructurales como: la limitada cantidad de jueces, las interminables acciones legales que se interponen y que demoran los procesos, lesiones a la independencia judicial de buenos jueces y magistrados y el hacinamiento en cárceles que a su vez requiere de más y mejores servicios básicos como los de salud.

También señala una falta de ética de algunos abogados que manipulan el sistema y lo congestionan más, los ataques a jueces independientes y que los escasos recursos que hay no se utilicen para fortalecer el sistema.

De acuerdo con los integrantes del FCCC, ordenar el sistema de justicia es uno de los pilares en la lucha contra la corrupción y por eso todas las instancias responsables deben ejercer a cabalidad sus obligaciones, apegarse al marco legal y denunciar a quienes obstruyen los procesos.
Además dicen: «Todos estos factores son probablemente los más visibles, los más sensibles, los más utilizados para polarizar a los ciudadanos que percibimos el caos que afecta al sistema de justicia de manera integral, y que de esa misma manera debe ser abordado.».

El comunicado del Frente se dio tras la muerte del exdiputado Manuel Barquín en el Hospital Roosevelt, el pasado 6 de agosto, quien guardaba prisión preventiva, lo que reavivó el debate sobre esta temática.

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