Ayer se dio a conocer que el grupo bipartidista de miembros del Congreso de Estados Unidos instó a la administración del presidente Donald Trump a usar su autoridad bajo la Ley Global Magnitsky para sancionar a seis personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y México por su participación en actos de corrupción y crimen organizado. La acción, a consideración de analistas y representantes de la sociedad civil hacen ver cada vez más claro el mensaje de Estados Unidos de la tolerancia cero hacia Centroamérica en cuanto a la corrupción.
POR REDACCIÓN LA HORA*
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Para el politólogo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), Christians Castillo, la solicitud de los congresistas estadounidense es un claro llamado de atención para los gobiernos de los países del Triángulo Norte. “Esta petición es un látigo directo, es un mensaje directo y claro que ya no quieren tratar con esta misma clase política”, enfatizó.
A criterio del experto esta solicitud demuestra que Estados Unidos “está endureciendo” su política exterior hacia la región Centroamericana por los casos de corrupción que se han registrado en estos países.
“Aplicarles la Ley Magnitsky a los actores corruptos los posiciona en el mismo nivel de los terroristas y violadores de los derechos humanos”, explicó el analista.
La experta en política del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), Stephanie López, considera que el gobierno estadounidense “tiene cero tolerancia a la corrupción y la impunidad”, indicó.
“Esta solicitud forma parte de la lucha sistemática contra el Pacto de Corruptos que se observa en los organismos de Estado y los sectores que buscan desestimar el trabajo que realiza la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala”, explicó López.
La iniciativa de los congresistas de EE. UU. es una fuerte presión internacional contra aquellos sectores que no están de acuerdo con la “lucha contra la corrupción”, concluyó la politóloga.
UN MENSAJE FUERTE
Álvaro Montenegro, integrante del colectivo JusticiaYa, indicó que la acción emitida por el grupo bipartidista de miembros del Congreso de Estados Unidos es un mensaje fuerte en el caso de Guatemala, ya que se demuestra que los expedientes que han llevado en conjunto el MP y la CICIG, han alcanzado una trascendencia internacional.
Dicho grupo bipartidista de miembros del Congreso pidió a la administración del presidente Donald Trump aplicar la Ley Magnitsky contra Ángel González, Gustavo Alejos y Luis Mendizábal. Dicha Ley ya fue aplicada para sancionar al exdiputado oficialista Julio Juárez en diciembre del año pasado.
“El apoyo bipartidista a la lucha contra la corrupción desde Estados Unidos también continúa, por lo que es un mensaje muy importante”, indicó Montenegro.
Montenegro aseguró que es interesante la forma en que los congresistas estadounidenses han explicado las causas para que a las personas señaladas se les aplique la Ley Magnitsky, ya que han formado estructuras de corrupción a lo largo de varias décadas.
“Estamos en momentos muy trascendentales en donde es necesario que todas estas personas deben sufrir las consecuencias tanto a nivel local como a nivel internacional”, añadió
Por último, Montenegro indicó que Ley Global Magnitsky se debe seguir aplicando contra más guatemaltecos con vínculos en casos de corrupción y crimen organizado. “Sería importante que se siguiera aplicando a estos personajes que ya tienen casos abiertos”, concluyó.
LOS INTERESES DE ESTADOS UNIDOS
Mientras que Renzo Rosal, analista político independiente, considera que esta solicitud refleja “una intencionalidad muy clara” del gobierno de los Estados Unidos por sancionar a aquellas personas que han cometido delitos y que con ello han perjudicado los intereses del país norteamericano.
En el caso de Mendizábal, Alejos y González, Rosal considera que existen suficientes indicios y argumentos para que se viabilice la solicitud de aplicarles la Ley Global Magnitsky.
Por ejemplo, en el caso de Ángel González, el entrevistado asegura que la aplicación de Ley en su contra lo colocaría al desnudo como un personaje que, al menos durante las últimas 3 décadas, ha “erosionado” los intereses tanto de los países centroamericanos como de los Estados Unidos.
De aprobarse la solicitud, el analista político considera que el trámite para la aplicación de la ley contra los tres connacionales podría ser “expedita”.
GABRIEL ORELLANA: NO SE RESPETA EL DERECHO DE DEFENSA
En tanto, Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, considera que la aplicación de la Ley Magnitsky es una medida ajena “al más elemental respeto a las garantías de un proceso penal” porque no se respeta el derecho de defensa contra quienes se aplica la sanción.
“El problema es que estamos hablando de la aplicación del poder descarado de una nación en perjuicio de un individuo que está indefenso”, comenta Orellana.
¿QUÉ PIDIERON LOS CONGRESISTAS?
La petición fue realizada a través de carta enviada por; el representante Eliot L. Engel, el miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), el presidente emérito del Comité Albio Sires (D-NJ).
Además del miembro del Ranking del Subcomité de la Cámara de Representantes del hemisferio occidental David Valadao (R-CA) Copresidente Republicano del Caucus de América Central y, Norma Torres (D-CA) Copresidente Demócrata del Caucus de América Central.
La carta recomienda que tanto el Departamento de Estado y Hacienda determinen si, Aquiles Rais, José Luis Merino, Gustavo Adolfo Alejos, Luis Alberto Mendizábal Barrutia, Remigio Ángel González, y Oscar Ramón Nájera, cumplen con los criterios para rendir cuentas bajo dicha ley.
La Ley Magnitsky de Responsabilidad Global de Derechos Humanos autoriza que el Departamento de Estado puede revocar las visas estadounidenses a los individuos sancionados e impedir que viajen a los Estados Unidos. Además, son congelados los activos de estas personas.
De acuerdo con un comunicado de la Embajada de EE. UU. En diciembre de 2017, esta Ley está dirigida a individuos y entidades involucradas en serios abusos de derechos humanos y en corrupción.
En 2009, el abogado ruso Sergei Magnitsky, que da nombre a la Ley, murió en prisión tras ser encarcelado por investigar un posible fraude fiscal perpetrado por el gobierno ruso. En 2012, el Congreso estadounidense aprobó la Ley para castigar a personas que estuvieron involucradas en su muerte.
*Este reportaje fue elaborado por Hedy Quino, Denis Aguilar y José del Águila.
