Por Sonny Figueroa
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El abogado Otto Rolando Gómez García presentó una inconstitucionalidad en contra del decreto que avala el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esta acción se da en el marco del reciente apoyo que ha recibido la Comisión de Estados Unidos.
El argumento de la inconstitucionalidad presentada por Gómez García es que el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, no puede ejercer funciones públicas en Guatemala por su nacionalidad colombiana, ya que no puede prestar juramento a la Constitución, como lo establece la Carta Magna.
“La CICIG carece de personalidad jurídica y patrimonio propio, toda vez que la misma a través de sus representantes no tiene la calidad de ciudadano guatemalteco como lo han ejercido. Los comisionados que han ejercido el mandato que se les confió erróneamente, por el importante hecho que no han prestado juramento con fidelidad a la Constitución como lo regula el artículo 154 constitucional”, se lee en el documento.
ES UNA ACCIÓN CON FINES POLÍTICOS
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, dijo que la inconstitucionalidad no tiene sustento porque fue Guatemala quien solicitó a Naciones Unidas la creación de CICIG. Agregó que la CC se pronunció y avaló el acuerdo.
“Hay grupos que a toda costa quieren ver a la CICIG fuera del paisaje nacional, pero se deben de cuidar de presentar argumentos sólidos para cumplir su objetivo que es sacar a la Comisión. Es una acción que tiene más tinte político que legal, realmente los fundamentos no son sólidos”, señaló Marroquín.
RECUSÓ A MAGISTRADOS
La inconstitucionalidad va acompañada de una recusación para los magistrados Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco de Mata para que estos magistrados no conozcan la inconstitucionalidad. Esto fue porque el abogado denunció ante el Ministerio Público a los magistrados.
¿QUIÉN ES EL ABOGADO?
Gómez García fungió como abogado defensor de la exregistradora de la propiedad, Anabella de León, en un caso de corrupción dentro de la institución, investigado por la CICIG. En ese proceso también se señala al hijo y hermano del presidente Jimmy Morales.
El pasado 17 de mayo, Judith Secaida, jueza quinta de Primera Instancia Penal, ordenó investigar a la exfiscal general Thelma Aldana, exsecretaria general, Mayra Véliz, debido a una querella penal interpuesta por Gómez García, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y negación de justicia.
Gómez García explicó que por dos casos denunció parcialidad en las investigaciones, uno de estos es el de la jueza de femicidio, Michelle Dardón Aguilera a quien él defiende. Esta jueza denunció supuestas presiones de la exsecretaria general del MP, Maura Véliz.
