El matutino “Prensa Libre” reportó que se cambiaron los esquemas de seguridad de la exfiscal, Thelma Aldana, lo que compromete la seguridad de la exjefa del Ministerio Público (MP).
Por Eder Juárez
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De acuerdo con la nota del matutino, tres vehículos que estaban asignados al resguardo de Aldana fueron sustituidos por vehículos en malas condiciones, señalaron fuentes cercanas a la exfiscal general.
Uno de los automóviles no tiene frenos, la caja de velocidades no sirve y tiene fallas en el motor. Mientras que dos picops que estaban asignados al núcleo familiar de Aldana fueron sustituidos por uno tipo sedán y una camionetilla, lo que deja en vulnerabilidad a la exfiscal general.
POR ACUERDO
El acuerdo 10-2002 firmado por el fiscal general, Adolfo González Rodas, establece que el Fiscal General de la República debe gozar de protección una vez que haya cesado en el ejercicio del cargo, por el tiempo y forma en que disponga el Fiscal General.
Además, el acuerdo señala que el personal que se asigne tendrá la misma categoría, remuneración y condiciones laborales que corresponda a los miembros de la Comitiva de Protección al Fiscal General.
Según la oficina de acceso a la información pública del MP el acuerdo estaba vigente, pero la exfiscal general, Thelma Aldana, antes de dejar el cargo lo cambió y tiene uno nuevo. El que está vigente, de acuerdo con el MP, es el 80-2017.
En este acuerdo se establece que el tiempo para darles seguridad y vehículos a los exfuncionarios es por cinco años. En el acuerdo anterior se dejaba a consideración el tiempo a quien ostentara el cargo.
DEBE MANTENER UN ESQUEMA DE SEGURIDAD
La nota publicada cita al exsecretario de Política Criminal del MP, Rootman Pérez, quien indicó que están preparando un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que corrobore si han disminuido las medidas de seguridad para Aldana.
Pérez indicó que durante la administración de Aldana se desarticularon varias estructuras criminales vinculadas a la corrupción, al crimen organizado, trata de personas y pandillas, lo que obliga que ella debe mantener un esquema de seguridad que le permita garantizar su vida y también cualquier represalia en contra de su núcleo familiar.
