Por Patricia Castillo/dpa
Ciudad de Guatemala
Un mes después de la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala, la cifra oficial de muertos es de 113, pero hasta hoy casi 200 personas permanecen desaparecidas, ya que muchas víctimas siguen enterradas bajo las toneladas de lava y lodo que descendieron de las laderas y devastaron pueblos enteros.
Julio Roberto logró sobrevivir junto a su mujer y sus dos hijos. Pero su casa en la Colonia San Miguel quedó sepultada el día de la tragedia, de la que hoy se cumple un mes. «No tengo trabajo, no tenemos nada», lamenta en declaraciones a dpa este campesino, uno de los casi 4.000 afectados que continúan en albergues improvisados.
Otro de los casos que ilustra la magnitud de la tragedia del 3 de junio es el de dos bomberos que habían acudido al área para ayudar y cuyo vehículo quedó envuelto en la carretera en una densa nube de flujo piroclástico (gases y material volcánico muy caliente), según mostró un video.
Ni sus cuerpos ni el vehículo pudieron ser localizados, pese al empeño de sus compañeros socorristas durante semanas, dijo a dpa Fernando García, portavoz de los Bomberos Voluntarios de San Juan Alotenango, en el departamento de Sacatepéquez.
«Nuestro corazón está triste y en el alma de los bomberos hay un vacío, nos faltan dos hombres valientes, no los vamos a dejar allí, los buscaremos mañana, tarde y noche», manifestó David Cajas, jefe general de servicio del cuerpo, en la red social Twitter.
Según las autoridades, el «cataclismo», como calificó el suceso el presidente Jimmy Morales durante una reciente cumbre del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en República Dominicana, dejó 197 desaparecidos. Pero los sobrevivientes que aún lloran a sus familiares afirman que son más.
En su más reciente informe, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) indicó que hasta ahora sólo 84 víctimas pudieron ser identificadas.
En la morgue hay restos que corresponden a personas calcinadas cuya identificación no ha sido posible por la magnitud de las quemaduras, o bien son partes humanas a las que los forenses practican distintas pruebas, también genéticas, para tratar de establecer a qué familia pertenecen.
La víctima más reciente es una mujer de 23 años que había sido llevada al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de México, por la gravedad de sus quemaduras. Otros nueve pacientes transferidos por acción humanitaria a hospitales de Estados Unidos (seis niñas) y México (tres adultos) siguen luchando por sus vidas, informó el Ministerio de Salud.
La mayor cantidad de fallecidos se registró en el departamento de Escuintla: 104. A ese departamento pertenece el poblado de San Miguel Los Lotes, que resultó devastado con 186 casas destruidas. Otras 750 fueron declaradas en riesgo, casi todas en Escuintla.
Esta comunidad y El Rodeo, en el mismo departamento, fueron las más golpeadas, ya que están en un área donde desemboca la barranca Las Lajas, en el lado este del volcán. La erupción también causó daños y víctimas en el municipio de San Juan Alotenango, en el departamento de Sacatepéquez, aunque en menor proporción.
El Volcán de Fuego, de 3.763 metros de altura, está ubicado en una zona donde se unen tres departamentos: Escuintla (sur), Sacatepéquez (suroeste) y Chimaltenango (oeste). Es uno de los tres volcanes activos en el país, con 62 erupciones en los pasados 22 años, 42 de ellas entre 2015 y 2018, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
A la incertidumbre y el dolor humano se suma la apremiante condición que sufren los 4.000 sobrevivientes que, como Julio Roberto, permanecen en albergues improvisados, la mayoría en edificios escolares públicos, donde las clases debieron interrumpirse.
La catástrofe, de acuerdo con estimaciones del Banco de Guatemala, dejará pérdidas en agricultura, infraestructura y otros sectores de entre 67 y 108 millones de dólares y no se descarta que incida en las previsiones de crecimiento económico para el año actual, situadas entre 3,0 y el 3,8 por ciento.
El Gobierno tiene en marcha un «plan de recuperación y reconstrucción», basado en un estado de calamidad decretado un día después de la tragedia en tres departamentos afectados. Su objetivo es ofrecer a los albergados un techo temporal para luego emprender la construcción de 1.000 viviendas.
El alto costo en vidas humanas que el país centroamericano pagó por la catástrofe natural pasó también al terreno político. Diputados de partidos de oposición al Gobierno de Morales denunciaron que, si bien Insivumeh advirtió a tiempo la erupción y recomendó evacuar los poblados amenazados, la Conred no lo hizo con la celeridad necesaria.
No obstante, sobrevivientes reconocieron que muchas familias en los poblados de mayor riesgo no atendieron las recomendaciones y cuando quisieron hacerlo ya era demasiado tarde. Algunos, incluso, se quedaron observando la erupción.
