El comisionado Iván Velásquez se mostró optimista ante la oportunidad que tiene el país de alcanzar acuerdos y construir con esto ciudadanía, un Estado de derecho y reivindicar la institucionalidad al servicio del bien común. En esta tercera entrega de la entrevista del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano aborda las reformas al Sector Justicia que no aprobó el Congreso bajo diferentes argumentos, su relación con el ministro de Gobernación , Enrique Degenhart y la posibilidad que tiene la sociedad guatemalteca de alcanzar acuerdos.
POR REDACCIÓN LA HORA
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La Hora tenía previsto publicar esta tercera parte hace una semana, pero ante la emergencia ocasionada por el Volcán de Fuego se dio la cobertura correspondiente y un espacio amplió a lo sucedido y se decidió hoy lanzar la parte conclusiva del diálogo con Velásquez.
Si nuestra justicia tiene tantos retos, ¿Por qué no avanzaron las reformas al Sector Justicia que se plantearon un tiempo atrás?
La reforma constitucional del Sistema de Justicia es una necesidad que tarde o temprano el país reclamará. La grandeza, el desprendimiento, el sentido de país que las autoridades y pueblos indígenas demostraron cuando prefirieron desistir de su pretensión -todavía válida- de que constitucionalmente se reconociera la existencia de su jurisdicción, no fue siquiera valorada en sus exactas dimensiones.
En el tema de la reforma constitucional del Sistema de Justicia, en el que inclusive el presidente Jimmy Morales había asumido un compromiso de Nación y la impulsó durante un cierto tiempo, desafortunadamente prevalecieron unos intereses particulares sobre los intereses colectivos. Y eso llevó a que se afectara la manera como se venía adelantando la discusión del proyecto y la reforma misma.
Con el tema de las reformas legales, tanto como con el de la reforma constitucional, yo creo que todos los sectores del país, incluidos los servidores públicos, tienen que pensar con visión de país, examinar responsablemente qué es lo que más le conviene a Guatemala, cuál es el país que sueñan para sí mismos, para sus hijos y nietos, y hacer un gran pacto nacional por la modernización del Estado, por la creación de una verdadera institucionalidad. Y esto vale también para la justicia, cuyo fortalecimiento tanto en el incremento de su capacidad de respuesta -humana y técnica- a la criminalidad como en la vigencia de preciados principios democráticos como el de la independencia judicial, debería ser un imperativo para el país. Una acción ya verdaderamente impostergable.
¿Y ve ahorita condiciones diferentes para discutir esta reforma u otras que podrían ser necesarias?
Respecto de la reforma constitucional del Sistema de Justicia, yo veo hoy, mayo de 2018, condiciones menos favorables.
Menos…
Menos favorables, por varias razones: 1) Para algunos, constituye un problema menor que no merece mucha atención; 2) Otros, malintencionadamente, han levantado de nuevo o mantienen un discurso nacionalista, a pesar de que saben muy bien que este fue un proyecto elaborado por guatemaltecos, pero aprovechan para confundir porque OACNUDH, CICIG y la Coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala hicieron parte de la Secretaría Técnica; 3) Unos más consideran que aprobar un proyecto de reforma constitucional respaldado por CICIG favorece la imagen de la Comisión que están empeñados en afectar; 4) También hay quienes saben que perderían privilegios o poder si se rediseñara la arquitectura del sistema judicial; 5) Otros, que siempre se oponen a las reformas, que temen a los cambios, simplemente levantan los hombros y dicen: ¿Para qué cambiar, si así ha funcionado desde hace muchos años? Yo creo, sin embargo, que es importante y urgente separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales para que la Corte Suprema de Justicia se dedique a lo que constituye su razón de ser: administrar justicia; establecer la carrera judicial en las Cortes Suprema y de Apelaciones; modificar el sistema de integración de las Cortes, teniendo en cuenta períodos individuales y especialización, para recordar sólo algunos temas que el proyecto incluye.
Contrario a lo que ocurre con la reforma constitucional, sí veo condiciones actuales para que se aprueben algunas leyes, como la de aceptación de cargos, que redundaría en provecho no sólo del procesado que acepte la imputación que le formule la fiscalía sino del Sistema Penitenciario, otro de los grandes problemas del país en el que no se ha pensado suficientemente como tampoco en las garantías, deberes y derechos que deben tener los presos. También beneficiaría a las entidades que integran el Sistema de Justicia como el Ministerio Público, el Organismo Judicial o el Instituto de la Defensa Pública Penal, que tendrían más recursos para atender más casos o procesos; y a la víctima, por el mecanismo de indemnización y reparación que prevé y, sobre todo, porque privilegia la verdad. La disminución de las penas -un poco menos de justicia, si se quiere- daría lugar a que se realizaran otras finalidades como verdad, reparación y garantías de no repetición.
Después de las cartas que cruzaron con el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, ¿Qué sucedió? ¿Se reunieron, trabajaron el algo, conoce usted al Ministro?
No ha habido todavía ninguna reunión, no conozco al señor Ministro. Cuando el Ministro de Gobernación solicitó la colaboración de la CICIG en investigaciones relacionadas con maras, le respondí que estábamos en disposición para actuar desde los lineamientos de nuestro mandato y que sería muy conveniente una reunión inicial entre el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la CICIG para definir en qué áreas específicas podría prestarse nuestra colaboración. La razón de incluir al Ministerio Público es que la titularidad de la acción penal, la titularidad de la investigación criminal, la tiene el Ministerio Público. No podría desarrollarse de nuestra parte ningún proyecto de investigación criminal con efectos judiciales sin que estuviera el Ministerio Público involucrado. Yo no he recibido respuesta del Ministro.
Por un lado se plantea el trabajar en conjunto por el tema de las maras, pero por el otro ha habido situaciones de retiro de personal, en ocasiones lo han reinstalado y trascendió la noticia de dos agentes asignados a la Comisión que habían sido retirados ¿Fueron reinstalados?
No, no fueron reinstalados. Yo recibí una comunicación del señor Ministro que fue, además, publicada en los periódicos, en la que exigía que le informáramos si le estábamos investigando y si estos miembros de la PNC estaban en actividades de seguimiento como le habían informado a él. Le manifesté lo que es la realidad, no hay ninguna investigación respecto del Ministro de Gobernación quien, además, está amparado por el antejuicio.
Lo que un investigador estaba haciendo era verificar una dirección de una empresa que está vinculada con uno de los casos grandes que se está investigando con el Ministerio Público. Nosotros tenemos policía de investigación de la PNC, policía de seguridad de la PNC y vehículos de la PNC asignados a los policías.
Este investigador de la PNC fue acompañado por otra policía de seguridad y, como no tenían vehículo disponible para desplazarse, otra investigadora PNC les facilitó uno. Los tres policías fueron reclamados para que se les pusiera a disposición de manera inmediata, lo mismo que el vehículo. Y a pesar de mis solicitudes para su reintegro, no ha habido ninguna respuesta.
Usted acaba de mencionar que era parte de una diligencia de investigación de un caso grande. En virtud de esa situación ¿está en juego el caso mismo por la información y más aún la integridad de ese investigador?
Lo que puedo afirmar es que el nombre de la empresa, tanto como los de los policías, ya fueron ampliamente divulgados y se sabe también quién era el investigador de la PNC adscrito a ese caso. Todo esto, obviamente, afecta la investigación.
Permítame agregar algo sobre la participación de miembros de la PNC en las actividades de la CICIG: hemos pretendido contribuir con el país en la transferencia de capacidades a miembros de la PNC, tanto en seguridad como en investigación. Desde antes de terminar sus estudios en la Academia, nosotros observamos a los aspirantes y hacemos una preselección. Siempre lo hemos hecho así, con el Ministro de Gobernación o con el Director de la Policía Nacional Civil. Una vez adscritos a la CICIG, policías internacionales contribuyen a su formación para complementar la que han recibido en la Academia.
Si se mira con buen criterio, esta capacitación es de provecho para el país porque ellos después podrían integrar también la Subdirección de Investigación Criminal de la PNC, la DICRI u órganos de investigación dentro del Ministerio Público.
Pero definitivamente el malentendido que llevó a la situación de estos agentes ha generado incertidumbre y temor entre todos los agentes de la PNC que están vinculados con la Comisión, lo que puede afectar nuestras acciones.
¿Y la colaboración entre la PNC y los entes investigadores se ha mantenido? en operativos, diligencias…
Toda la actividad, todo el apoyo de PNC para allanamientos o para capturas son coordinadas directamente por los fiscales, nosotros no participamos en esa coordinación. El jefe de la FECI o de una Fiscalía de Sección, si trabajamos con otra fiscalía, son los que se encargan de hacer esos requerimientos a la PNC. Ha habido ocasiones en las que no se ha prestado total u oportunamente la colaboración como ocurría en el pasado. También situaciones ampliamente conocidas, en las que se va al allanamiento para registrar o capturar y lo que encuentran los fiscales, policías e investigadores no es a la persona requerida sino a un abogado que está esperando. En otro caso un medio de comunicación estaba trasmitiendo en directo media hora antes de que se fuera a desarrollar un allanamiento. Yo creo que todo eso afecta naturalmente las investigaciones, pero afecta también la moral de todos los que participan en ellas.
¿Cree usted que si los guatemaltecos somos capaces de alcanzar acuerdos, un horizonte mejor es factible?
Claro. Yo tengo un profundo optimismo, yo soy optimista por naturaleza y creo que eso me ha resultado muy positivo porque frente a los nubarrones que se puedan presentar, frente a situaciones que podría parecer caóticas, yo siempre creo que es posible superar eso y que también aún de las cosas negativas hay algo positivo que nos permite construir. Me motiva ese optimismo y vocación, porque tengo confianza que la humanidad siempre va hacia adelante. Aún los retrocesos que se pueden ver en la historia de la humanidad han sido para avanzar, para seguir construyendo una vida de dignidad para todos los hombres. Yo creo que eso se va abriendo paso en Guatemala.
Todos estamos frente a una gran oportunidad. Los guatemaltecos y también los extranjeros en Guatemala estamos observando en la cotidianidad, en el día a día, -y esto es una oportunidad excepcional-cómo se va construyendo ciudadanía, cómo se van generando posibilidades de construir Estado de derecho, de reivindicar la institucionalidad que sirva efectivamente al bien común.
Hace poco vi precisamente una entrevista del presidente Jimmy Morales cuando era candidato en el 2015, en la que al preguntársele por los “jueves de CICIG” respondió: “Me resta con decir que me alegra y me entristece el jueves de CICIG; me alegra porque se han ventilado temas que Guatemala necesita saber; me entristece, porque efectivamente a ningún guatemalteco le va a gustar que esas cosas que se ventilan sean parte de nuestra realidad”. Efectivamente, si se mira la situación del país, cuando nos referimos al concepto de Captura del Estado, lo que estamos señalando es un fenómeno que existe en la realidad y, en lugar de asumir la actitud del avestruz, creo que se debe sacar lo gran positivo de esto: constatada la existencia de un fenómeno de la magnitud del que hemos venido denunciando y puesto en evidencia con las investigaciones, todo el esfuerzo debe concentrarse en eliminarlo e impedir que vuelva a ocurrir en el futuro. Desde allí nace la posibilidad de construir, de consolidar o de reconstruir, si se prefiere la expresión, un verdadero Estado de Derecho en el que prevalezca el bien común y sea posible lograr una vida digna para todos..
Un ejemplo de construcción es el proyecto “Cultura de la Legalidad” que tenemos con el Ministerio de Educación y que venimos desarrollando hace dos años. Los guatemaltecos han elaborado manuales para difundir la cultura de la legalidad y se viene trabajando muy bien con el Ministerio de Educación y con el tercer viceministerio de Gobernación de la Prevención, desarrollando campañas en escuelas sobre cultura de legalidad. Según me comentan mis compañeros, la calidad de los niños y jóvenes que han participado en esas jornadas muestran un futuro promisorio.
Tuve una experiencia el año pasado que siempre la repito porque me ha generado una tremenda satisfacción, un goce inmenso, la certeza de que Guatemala tiene un futuro magnífico: me invitaron al Parlamento de la Niñez y la Juventud, integrado por niños de todos los departamentos que se reúnen en sus regiones y que después de cuatro años pudieron hacer un encuentro nacional en la ciudad de Guatemala, al que fui invitado. Lo que escuché en esa oportunidad dicho por niños de 10, 12, 14 años, la forma de expresarse, los análisis que hacían, la manera como hablaban de sus carencias y de sus necesidades, pero también de su afán transformador, me llenó de entusiasmo y ratifiqué mi convicción de que este hermoso país tiene un gran futuro, tiene una niñez y una juventud que tiene sensibilidad, que sabe en qué mundo vive y a qué mundo aspira. A propósito, como suelo hacer, también a ellos les pregunté con qué país soñaban. Ojalá que esos sueños infantiles los conserven y los hagan realidad muy pronto.
Yo creo que es necesario que los guatemaltecos lleguen a un acuerdo sobre los temas fundamentales, a la generación de amplios consensos. No se puede caer en el juego de la ideologización de todo, no se puede estar siempre sobre la idea de que esto es derecha o izquierda, eso no tiene que influir en los grandes temas del país, es necesario que haya primero una unión de todos por objetivos comunes mínimos.
Para conocer los temas que abordó el comisionado, Iván Velásquez, en la segunda parte de la entrevista con “La Hora”, no dejes de leer la publicación: “Velásquez: la prisión preventiva merece un riguroso examen”.
