Por Sonny Figueroa
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El diputado Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional, fue designado para ser el presidente de la Comisión Específica que elaborará enmiendas a la iniciativa de ley de aceptación de cargos.
Juan Ramón Lau, de TODOS, y Julio Lainfiesfa, de UCN, fueron designados vicepresidente y secretario de la Sala de Trabajo.
Conde Orellana dijo que se invitará a la discusión a representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP) y el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), que son las instituciones que integran el sector justicia. Agregó, que también se pedirá el apoyo del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
El legislador señaló que “la idea es hacer enmiendas de consenso y firmadas por los doce bloques que integramos la comisión y mi aspiración es llegar al pleno con las enmiendas”. Conde Orellana explicó que la integración de la Sala de Trabajo no debe durar más de un mes y en ese plazo entregar las propuestas.
QUIÉNES LA INTEGRAN
Son doce los diputados que integran la Comisión Específica: Walter Felix (URNG), Carlos López (UNE), José de León (Movimiento Reformador), Delia Back (Alianza Ciudadana), Carlos Chavarría (CREO), Juan Ramón Lau (TODOS), Juan José Porras (VIVA), Enrique Álvarez (Convergencia), Manuel Conde Orellana (PAN), Raúl Romero (Fuerza), Julio Lainfiesta (UCN) e Ileana Calles (FCN-Nación). Otras bancada se incorporarán en el proceso.
INICIATIVA DE LEY
Esta iniciativa fue presentada en julio de 2017 por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
El proyecto pretende que en treinta días se pueda sentenciar a una persona que acepte los delitos imputados por el Ministerio Público (MP), esto con el propósito de reducir los índices de impunidad en Guatemala así como el hacinamiento en cárceles, mora judicial y los gastos que representa para el sistema de justicia el retardo en los casos.
La iniciativa de ley de aceptación de cargos propone que este procedimiento no aplicará para los delitos de genocidio, desapariciones forzadas, ejecución extrajudicial, tortura y delitos contra los deberes de la humanidad. En una reunión pasada los diputados pidieron que se agreguen los delitos relacionados a actividades sexuales ilegales y al crimen organizado.
