POR MARIELA CASTAÑÓN
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La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su portavoz Ravina Shamdasani, manifestó su preocupación por la muerte de tres defensores de derechos humanos en diez días en Guatemala.
“Nos preocupa lo que parece ser un clima en deterioro para la defensa de los derechos humanos en Guatemala. En los últimos 10 días, tres defensores de derechos humanos que trabajaban con organizaciones de derechos de los pueblos indígenas y de campesinos fueron asesinados”, destacó la portavoz por medio de un comunicado.
Las muertes a las que se refiere Shamdasani son la de Luis Marroquín, del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), asesinado el 9 de mayo en San Luis Jilotepeque, Jalapa. José Can Xol, líder comunitario del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), asesinado el 10 de mayo en la comunidad de Choctún Basilá, en Cobán, Alta Verapaz. Así como por el crimen de Mateo Chamán Paau, otro miembro de CCDA, asesinado el 13 de mayo, en San Juan Tres Ríos, en Cobán, Alta Verapaz.
“Las dos últimas comunidades, Choctún Basilá y Tres Ríos, están involucradas en procesos para garantizar los derechos a la tierra y han estado trabajando con el Gobierno en un acuerdo que aborda más de 50 conflictos de tierras en el país. Otros integrantes de estas organizaciones también han sufrido amenazas y ataques en los últimos meses, los cuales han sido documentados por la Oficina del Alto Comisionado”, agregó.
La Oficina del Alto Comisionado hizo un llamado a las autoridades para investigar pronto estos asesinatos y otros ataques y amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos, además de garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.
“También instamos al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro y propicio para que defensoras y defensores de derechos humanos realicen su trabajo libres de amenazas y ataques”, indicó.
PREOCUPACIÓN POR CAMPAÑAS DE DESPRESTIGIO
Por otro lado, la Oficina del Alto Comisionado manifestó su preocupación por las campañas de desprestigio contra periodistas y medios de comunicación independientes, funcionarias y funcionarios del sistema de justicia, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y otros actores involucrados en la lucha contra la corrupción y la impunidad del pasado y del presente.
“Hacemos un llamado al Estado para que aborde estas cuestiones como parte de sus esfuerzos para fortalecer el Estado de derecho, la protección del derecho a la libertad de expresión y la independencia judicial, y la lucha contra la impunidad y la corrupción. Confiamos en que el Gobierno cumpla con su compromiso de avanzar con la adopción de una Política Pública sobre Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, con la participación de la sociedad civil a nivel local y nacional. También reiteramos el llamado del Alto Comisionado que exhorta al Estado a fortalecer la Instancia de Análisis de Patrones de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos”, señaló.
