Por Denis Aguilar
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Representantes de organizaciones de la sociedad civil manifestaron su rechazo a la iniciativa 5257 que pretende reformar la Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo al considerar que esta es regresiva y que pretende mermar el trabajo en la organización social.
Helmer Velásquez, director de la Coordinadora de ONG y Cooperativas (Congcoop), manifestó que se oponen a varios artículos contemplados en esa reforma, entre estos uno en que se establece confiscar los bienes de los representantes de las organizaciones que pudieran incurrir en ilegalidades.
“Ni siquiera a los corruptos que han sido capturados les han confiscado sus bienes, obviamente han caído los bienes que han sido mal habidos. Esto nos parece a nosotros un golpe directo a la organización social y al voluntariado, no es posible castigar a nuestros asociados que es gente que no tiene salarios con que, además, responda con su patrimonio”, dijo Velásquez.
Velásquez dijo que otro elemento que rechazan de la propuesta es la cancelación de las ONG, debido a que se propone cancelar a las mismas por incumplir sus fines, lo que deja con amplio poder al Estado para disolver las asociaciones. Velásquez considera que esto es contrario al debido proceso y a los derechos humanos.
En la iniciativa también se contempla la creación de parte del Ministerio de Gobernación de una normativa en el cual se establecerá un procedimiento de cancelación de asociaciones civiles
Otro de los aspectos rechazados es el de la alteración del orden público, lo cual en la iniciativa es sancionado con una intervención o con una cancelación definitiva. Sin embargo, señaló que la ley no establece en qué momento se podría alterar el orden público.
“Si uno apoya a una campesina, por ejemplo, eso puede ser interpretado como alteración del orden público, consecuentemente cancelarle a uno su personalidad jurídica”, dijo Velásquez. “Esos tres hechos a nosotros nos parecen de suma gravedad porque violan dos derechos humanos fundamentales, que es el de organización y el de libertad de expresión”, manifestó.
Velásquez dijo que la iniciativa busca sumar control político a las actividades de la organización social y que no hay un solo elemento que desarrolle la fiscalización de las finanzas.
ATAQUE CONTRA LA SOCIEDAD CIVIL
A decir de Víctor Valverth, director de la Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia (LEGIS), esta iniciativa es un ataque contra la sociedad civil para que estas se dejen de ocupar de otra agenda regresiva en el Congreso que es la de la lucha contra la impunidad. Además, indicó que hay imposiciones irracionales contenidas en los artículos de la misma y que buscan intimidar a miembros de la sociedad civil.
Por su parte el diputado Napoleón Rojas, que preside la Comisión de Gobernación que dictaminó esa iniciativa, aseveró que con dicha propuesta se busca que las ONG sean fiscalizadas y así tomar medidas necesarias en caso de incumplir con sus fines.
