POR MARIELA CASTAÑÓN
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El abogado Oswaldo Samayoa y parte del equipo de analistas del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), dijo que luego de analizar el video difundido ayer en las redes sociales del presidente Jimmy Morales sobre un allanamiento, se evidenció que no hay delito por parte del Ministerio Público (MP), pues el mismo Código Procesal Penal (Artículo 192) establece que es necesario hacer uso de la fuerza, cuando no se permite el ingreso al responsable de una diligencia de allanamiento.
“En la publicación –del año 2016- que hace la Presidencia de la República con los artículos del Código Procesal Penal, omiten decir que el mismo Código Procesal Penal establece que cuando la persona que se encuentra en el lugar donde se practicará el allanamiento, se opone. El fiscal o la persona a cargo, tiene la posibilidad de usar cierto grado de fuerza para ingresar y darle cumplimiento a la orden judicial”, destacó Samayoa.
A criterio del entrevistado, no se comete delito y la Presidencia lo sabe, por eso no presentó una denuncia antes, sino hasta ahora.
“Esto revela que el Presidente quiere hacerse víctima de todo el sistema de investigación que se está realizando por los casos de corrupción y de impunidad. Ellos saben que no hay delito”, reiteró.
De acuerdo con Samayoa, la situación refleja que Morales está “asustado, debilitado y tratando de colocarse en una posición de víctima del sistema, lo cual es incorrecto”.
ANUNCIAN ACCIONES
El video fue difundido ayer por la mañana en las redes sociales del presidente Jimmy Morales.
Después de la reunión de Gabinete, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, anunció que ordenaría una investigación por parte de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) en contra de los agentes que acompañaron la diligencia en 2016.
Por otro lado, Mario Duarte, secretario de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) quien es miembro del Consejo de Seguridad, dijo que el hecho fue estudiado y se dilucidaría por medio de las instituciones internacionales correspondientes; sin embargo, ahora que el video es público constituye “una amenaza a la seguridad de la Nación”, según una publicación del diario oficial.
La Hora buscó a Duarte para ampliar su respuesta sobre el tema, pero al cierre de esta nota no fue posible la comunicación.
