POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) incluyó en la agenda de la sesión plenaria de hoy la discusión de la fuga de información sobre las órdenes de captura que denunció públicamente la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público.
Esto se deriva de una petición que formuló por escrito la magistrada de la Cámara Penal, Delia Dávila, al presidente la CSJ en funciones, Nery Osvaldo Medina, para que se realizara un pleno extraordinario para “conocer el problema relacionado a la fuga de información de las órdenes de aprehensión electrónicas, por considerar que es un tema urgente”. Sin embargo, la Secretaría de la Corte consideró viable incluir esta discusión como un punto de la agenda del pleno de hoy.
El objetivo de la discusión, expresó Dávila, es revisar el sistema de comunicación electrónico que se empezó a utilizar para que los jueces coordinaran las órdenes de aprehensión con la Sección de Capturas de la Policía Nacional Civil (PNC) y verificar si tiene alguna debilidad.
La togada recordó que esta nueva forma de comunicación se implementó como un plan piloto en enero de este año con los Juzgados de numeración par de la Torre de Tribunales.
“Esto (el sistema de comunicación electrónica) se deriva de un convenio de cooperación de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia. Se hicieron los estudios por los sistemas informáticos del Organismo Judicial y de la Policía Nacional Civil (PNC) y se hicieron las pruebas. El pleno (de la CSJ) acordó que se llevará a cabo el programa para la firma electrónica y remisión electrónica en una interconexión con la sección de capturas de la PNC y se procedió a la capacitación de jueces. Fue un proceso largo de capacitación”, dijo.
DENUNCIA
El pasado viernes, el MP y la CICIG buscaban coordinar la captura de tres personas sindicadas en un evento de corrupción en el IGSS. Sin embargo, debido a una filtración de información sobre las órdenes de captura, las personas no lograron ser ubicadas.
La Fiscalía atribuyó esta fuga de información al nuevo sistema de comunicación electrónico entre la PNC y los jueces. Por esta razón, se inició una investigación penal para determinar quiénes son los responsables de las filtraciones.
