Por Sonny Figueroa
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Durante una reunión de la Comisión Extraordinaria que analiza la reforma al delito de financiamiento electoral ilícito en su modalidad de anónimo y no registrado, se presentó un borrador en el que se castiga hasta con un máximo de tres años el financiamiento electoral anónimo y hasta con cinco años el financiamiento electoral no registrado. La propuesta fue rechazada por algunos diputados y analistas.
El borrador fue elaborado por los asesores de la comisión y propone la creación de dos párrafos al artículo 407 N del Código Penal que quedarían de la siguiente manera:
“La persona que, teniendo conocimiento de aportaciones dinerarias o no dinerarias a una organización política o sus candidatos, con motivo de actividades permanentes, de campaña o eventos electorales, y que resulte responsable del no registro contable, comete el delito de financiamiento electoral ilícito y será sancionado con prisión de dos a cinco años y multa de veinte mil a cincuenta mil quetzales e inhabilitación especial para optar y ejercer cargos públicos por un periodo de hasta cinco años”.
El segundo párrafo se refiere al financiamiento anónimo y queda así: “La persona individual o jurídica que aporte o contribuya en forma dineraria o no a las organizaciones políticas o sus candidatos, para actividades permanentes, de campaña electoral o eventos electorales, y no diere aviso al Tribunal Supremo Electoral y a la organización política será sancionada con prisión de uno a tres años y multa de diez mil a veinticinco mil quetzales e inhabilitación especial para ser contratista del Estado por un periodo de hasta cinco años”.
El diputado Enrique Álvarez de Convergencia e integrante de la Comisión rechazó que las penas propuestas sean conmutables. “Lo que nosotros pensamos es que se debe sancionar considerando el monto del delito. La propuesta nuestra es que el juez decida que sí se debe interponer una pena conmutable o inconmutable”, explicó.
Por aparte Óscar Argueta, de la UNE, dijo que aunque el momento político que atraviesa el país es difícil no se debe legislar por lo que demanda la sociedad. “Tenemos que pensar en que la sociedad no debe meter a todo el mundo en la cárcel. Legislemos con criterios técnicos y no con criterios coyunturales. Tenemos que hacer penas accesorias”, agregó.
SE EXIME A LOS SECRETARIOS GENERALES
Sobre este borrador, analistas dijeron que en la primera parte exime de responsabilidad a secretarios generales de los partidos políticos y lo traslada al responsable del registro, entiéndase el contador de la organización.
Agregaron que la segunda parte del borrador tiene los mismos efectos de impunidad y amnistía para regresar al 2015, pues penalizan obligaciones que no existían para entonces (obligación de aviso al TSE y partidos políticos por parte de financistas). En ese párrafo se elimina la parte que dice “el sujeto que reciba o autorice recibir”, por lo que financiamiento anónimo no lo comete ni el candidato ni recaudador por ejemplo.
Los analistas explicaron que las penas y multas propuestas son conmutables y muy bajas comparado al daño que el financiamiento anónimo le hace a la democracia.
PROPUESTAS DEL MP Y CGC QUEDAN FUERA
Durante las primeras reuniones de la Comisión Extraordinaria, el Ministerio Público (MP) y Contraloría General de Cuentas presentaron sus propuestas que no fueron tomadas en cuenta por la Comisión, ya que proponía penas elevadas que por ende no eran conmutables.
La Fiscalía de Delitos Electorales propuso que el financiamiento anónimo y no registrado deben ser penados con tres a ocho años de prisión inconmutables y que la sanción se incrementará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo o cargo público, o de elección popular.
La Contraloría General de Cuentas expuso que esos delitos deben ser condenados con cuatro hasta doce años de prisión y que al condenado se le inhabilitará durante el cumplimiento de la condena y cinco años después de cumplida para optar a cargos públicos de elección popular o ser contratista del gobierno.
