POR REDACCIÓN LA HORA
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El Departamento de Justicia anunció recientemente el establecimiento de nuevas cuotas de tiempo en la resolución de casos para los jueces de inmigración, que incluyen completar 700 casos por año, es decir tres casos por día de trabajo, lo que conduce a limitar el tiempo en que los jueces deben finalizar un proceso tomando decisiones con mayor rapidez, según una publicación del Consejo de Inmigración Americano.
Estas medidas serán implementadas a partir del 1 de octubre del presente año, con el fin de evaluar el desempeño de los jueces de inmigración con relación a cuántos casos sentencian y qué tan rápido desarrollan cada caso, indicó la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), el componente del Departamento de Justicia que administra el sistema judicial de inmigración del país.
Según la publicación, actualmente hay 684 mil 583 casos atrasados en la Corte de Inmigración, número que ha crecido bajo la administración de Donald Trump debido a la eliminación de las prioridades de aplicación y la discreción procesal.
Durante el gobierno de Barack Obama se utilizó la discrecionalidad procesal concentrándose en las destituciones de personas con condenas penales y llegadas recientes a la frontera. Los casos que salían de ese enfoque a menudo se cerraban, sin embargo, la administración de Trump eliminó las prioridades de cumplimiento, convirtiendo a todos en una prioridad para su eliminación.
Las nuevas cuotas de finalización de casos se traduce a apresurarse peligrosamente a la resolución de casos para obtener aumentos salariales y seguridad laboral para los jueces, medida que debe ser evaluada por el Congreso ya que la toma de decisiones debe estar orientada a alcanzar resultados cualitativos y no cuantitativos promovidos por incentivos financieros, resaltó el Consejo de Inmigración Americano.
VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO
Según el sitio web de CNN, en una publicación del 3 de abril, en base a registros del Departamento de Justicia, un juez promedio completa actualmente 678 casos por año.
El sitio indica que jueces y abogados han criticado esta posible medida calificándola como una potencial amenaza para la imparcialidad de los tribunales y quizá genere más deportaciones lo que endurecerá aún más la defensa migratoria, ya que con la aceleración del proceso los tribunales podrían negar a los inmigrantes el tiempo de demostrar que tiene derecho legítimo de permanecer en Estados Unidos.
Asimismo, el medio cita las declaraciones de Laura Lynch, asesora política principal de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, quien indicó que “crear un entorno en el que los tribunales se preocupen más por la velocidad que la precisión y donde los jueces sean evaluados e incluso recompensados en función de la cantidad y no de la calidad es inaceptable y una violación del debido proceso”.
Por su parte, el Departamento de Justicia manifestó que la medida está diseñada para hacer que el sistema sea más eficiente ya que los tribunales de inmigración tienen una acumulación de cientos de miles de casos y puede tomar años para que el caso de un inmigrante llegue a su fin, señaló CNN.
