Por Sonny Figueroa
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Luego de que la Comisión Extraordinaria del Congreso presentara propuestas para castigar con penas conmutables el financiamiento electoral anónimo, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Mijangos, dijo que los legisladores deben elaborar un proyecto de ley que no promueva la impunidad y que busque justicia.
La Corte de Constitucionalidad (CC) exhortó al Congreso a reformar el artículo 407 N del Código Penal que hace alusión al financiamiento electoral ilícito, esto para que las penas impuestas por cometer financiamiento electoral anónimo, sean menos drásticas que cuando se recibe financiamiento producto del crimen organizado o actividades anómalas. En las propuestas elaboradas por el Legislativo las penas son conmutables.
A decir de la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, los diputados deben acatar lo indicado por la CC “en el sentido que debe haber proporcionalidad en las penas, justicia y no debe propiciar la impunidad”, y recordó que, según estudios, el fenómeno del financiamiento electoral ilícito en todas las modalidades representa el 75 por ciento del financiamiento que reciben las agrupaciones políticas.
Mijangos agregó que debe hacerse un análisis de parte de los diputados que integran la Comisión Extraordinaria para empezar con la erradicación del financiamiento electoral anónimo.
“Mi reflexión va en el sentido en que se debe hacer un análisis integral de todo el fenómeno y enfocado en erradicar este tipo de prácticas, y que esta reforma no sea un distractor y no se vaya a convertir más bien en una facilidad… para establecer su cometido, la comisión debe enfocarse en lo que significa el financiamiento electoral anónimo y el daño que le ha hecho al país y al sistema político”, explicó la magistrada.
Las propuestas fueron presentadas el lunes de la presente semana y ya han generado rechazo de parte de expertos en temas políticos y la ciudadanía. Ante esta situación, la presidenta del TSE, dijo que los diputados deben legislar en relación a lo que demanda la población.
Yo diría que eso es preocupante y sería que los legisladores le pongan atención, para ver en qué forma se puede legislar y que sea algo que vaya a sumar a un esfuerzo nacional para erradicar ese mal, concluyó Mijangos.
PROPUESTAS CUESTIONADAS
Las propuestas presentadas por los diputados castigan con un máximo de cinco años el financiamiento electoral anónimo y el financiamiento que no se registra en los libros contables de las agrupaciones políticas. Actualmente estas actividades se castigan con hasta doce años de prisión, pero por exhortación de la CC se debe reformar para hacerlas menos drásticas.
