POR KIMBERLY LÓPEZ
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Con la intención de que en el proceso de elección y evaluación de los aspirantes al cargo de Fiscal General se tome en cuenta los señalamientos, demandas, denuncias y procedimientos que estos tengan en su contra, se presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad.
La acción fue presentada por el abogado Julio Prado, Briseida Milián Lemus y Xavier Soria.
En el amparo se describe que dentro de la Ley de Comisiones de Postulación se estipula la posibilidad de que la población presente las tachas con relación a los candidatos que se postulen, en este caso, al cargo de Fiscal General.
Sin embargo, la Comisión de Postulación que revisará los perfiles de los aspirantes para generar un listado que será trasladado al presidente Jimmy Morales, decidió restringir este derecho únicamente a aquellas tachas que sean presentadas con base en una sentencia.
Los integrantes de la Comisión determinaron en referencia a los señalamientos contra los aspirantes, que quienes presenten alguna tacha deberán “exponer en qué consisten el o los señalamientos en forma clara y concisa, fundamentando sus aseveraciones. El o los señalamientos no podrán fundamentarse únicamente en denuncias, demandas o procedimientos que tengan los aspirantes en su contra en los tribunales de justicia o en la vía administrativa, sino cuando existe una resolución definitiva o condenatoria, no pendiente de recurso o notificación alguna”.
“Nuestro argumento uno es que esta es una restricción al derecho de petición porque la ley es amplia en reconocer cualquier tipo de tacha siempre que tenga relación con la idoneidad”, explicó Julio Prado.
Agregó que bajo ese argumento esa restricción no tiene congruencia con lo que exige la ley.
La ley establece que ese es un tribunal que va calificar la honorabilidad de las personas, no necesita emitir sentencias porque no va determinar responsabilidad penal ni civil, por lo tanto, es una restricción que creemos innecesaria y contraproducente con lo que se busca, agregó.
