POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
Entre enero de 2008 a enero de 2018, 1 mil 650 personas murieron en el transporte público y 2 mil 240 resultaron lesionadas, muchas de ellas adquirieron una discapacidad por esta situación. La corrupción en el transporte público y la violencia son problemas que han afectado a los guatemaltecos y sus familias.
DIEZ AÑOS EN SILLA DE RUEDAS, EN UN PAÍS QUE NO DA TREGUA
Desde junio de 2008, Jorge Francisco Choy Esteban permanece en una silla de ruedas. Trabajaba como piloto de bus cuando fue atacado por un hombre que abordó la unidad de transporte en el bulevar principal de San Rafael en la zona 18. Le acertó tres disparos en la médula espinal y lo dejó sin poder caminar.
Jorge es padre de un niño y tres niñas que tienen edades comprendidas entre los 4 y 14 años, todos están en edad escolar.
Actualmente pide dinero para sobrevivir, aunque con los pocos recursos económicos que logra reunir compra eventualmente dulces para vender en diferentes zonas del país.
Su situación también ha afectado su vida familiar, pues recientemente inició los trámites para separarse de su esposa, quien le dejó a los cuatro menores de edad.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha iniciado una investigación social por este caso, para establecer cuál es el mejor lugar para los niños, así lo confirmaron representantes de esa institución.
La madre de Jorge, Albertina Esteban, busca la custodia de sus nietos, dice que con su trabajo en oficios domésticos y el apoyo de sus otros hijos –hermanos de Jorge–, puede hacerse cargo de ellos.
El expiloto fue entrevistado por La Hora en el año 2009, cuando sus niños eran más pequeños y empezaba a sobrevivir con la discapacidad. Nueve años después, en su silla de ruedas (en mal estado y desgastada), su piel afectada por el clima y su mirada cansada, describe como ha sido su vida después de la primera entrevista.
“Cuando usted vino la primera vez, salíamos con mi esposa a vender dulces y gelatinas a las escuelas, pero todo eso no nos daba para sacar adelante a los nenes. Cuando yo tenía tres años de estar en silla de ruedas, mi hijo –que actualmente tiene 12 años– fue a parar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), porque se me enfermó –de úlcera–. A veces había –dinero– para el desayuno, pero no para al almuerzo, o había para el almuerzo y no para la cena”, explica.
Agrega: Tenía muchas limitaciones y a raíz de eso, decidí pedir dinero en la calle, me mantengo en La Terminal, en el Obelisco, en la Tipografía, en donde Dios me lleve día a día. A veces vendo dulces, chicles, galletas, cuando hay –dinero–, dice.
El afectado indica que en los últimos años su traslado de un lugar a otro ha sido complicado, principalmente porque el país carece de espacios apropiados para las personas con capacidades diferentes.
A pesar de todos los desafíos que enfrenta, Jorge anhela que sus hijos crezcan a su lado y que puedan prepararse académicamente. Las niñas y el niño estudian en escuelas públicas.
Según el entrevistado, todos los días sale de su casa para pedir dinero o vender dulces. Cuando permanece en la calle se alimenta con lo que puede y pide apoyo a las personas para que le ayuden a descender del bus.
“Me voy a las siete de la mañana, regreso como a las 4 de la tarde. Mi mamá me ayuda a subirme a la camioneta y de regreso el chofer –del Transurbano–, o le pido favor a la gente que me ayude. Me tomo un atol o un pan –mientras estoy en la calle–. Trato de economizar para que mis hijos estén bien y tengan lo necesario”, indica.
Jorge necesita una silla de ruedas en buen estado, recursos económicos para mantener a sus hijos o un trabajo en su localidad, que le permita obtener ingresos fijos.
LA CORRUPCIÓN Y LA VIOLENCIA MATAN Y HIEREN
La corrupción y la violencia han matado y herido a miles de personas y muestra de ello es la cantidad de pilotos, ayudantes y pasajeros que han perdido la vida en el transporte público en los últimos años. (Lea el recuadro: Muertes en el transporte público).
Otras personas como Jorge Choy han resultado heridas y con secuelas graves en su vida. (Lea el recuadro: Heridos en el trasporte público).
Mientras que no todos los casos registrados logran alcanzar sentencias. (Lea el recuadro: Sentencias por muertes en el transporte).
De acuerdo con Sebastián Toledo, director del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), no existen estadísticas de cuántas personas padecen una discapacidad a causa de la violencia, mientras tanto, los casos que logran documentarse evidencian que no existe respuesta del Estado para atender a los afectados.
Por otro lado, hace algunas semanas, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), revelaron la acusación por fraude y peculado por hechos que se fraguaron durante la administración del expresidente Álvaro Colom (gestión donde más muertes se registraron en el transporte público), quien fue detenido junto a varios de los exintegrantes de su Gabinete, por avalar el traslado de fondos estatales para la implementación del Transurbano, un proyecto del que se dijo ayudaría a contrarrestar la violencia en los buses, a través del sistema prepago y que evitaría que los pilotos manejaran dinero en efectivo y fueran asaltados o extorsionados.
El 13 de febrero, día en que se efectuó la captura de Colom y otros exfuncionarios, el exmandatario dijo a su llegada a la Torre de Tribunales que había que recordar la “matanza de choferes” y que antes del Transurbano el subsidio no se lograba transparentar. (Lea el recuadro: Subsidio al transporte asciende a Q800 millones en 8 años).
“Si es Transurbano creo que hay que recordar la matanza de choferes que había, el subsidio no era transparente y por medio del programa Transurbano se logró transparentar”, indicó en esa ocasión.
En las pesquisas del MP y CICIG se reveló que Colom y varios de sus exministros, aprobaron un acuerdo que permitió una “fraudulenta operación millonaria”, para comprar autobuses provenientes de Brasil y la implementación de un sistema prepago.
Los hechos imputados se derivan de ese acuerdo para desembolsar US$35 millones a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU).
ANTES DE LAS CAPTURAS
Días antes de esas capturas, el subcontralor del gasto, César Elías, expresó que presentaron dos denuncias por el caso del Transurbano, por varias irregularidades detectadas en ese servicio, una por Q270 millones relacionada con el sistema prepago y otra por Q1 mil 474 millones 500 mil por el tema de subsidio al transporte urbano.
Tras salir de una citación con la Comisión de Probidad, Elías refirió que no podía revelar con precisión los hallazgos, debido a que el mismo estaba bajo reserva. No obstante, indicó que hicieron las denuncias en 2015.
“Yo no le puedo revelar con precisión los hallazgos porque tenemos una limitación de tipo legal, el caso está bajo reserva, pero le puedo contar que hemos presentado dos denuncias, una por Q270 millones que se relaciona con el sistema prepago y la otra por Q1 mil 474 millones 500 mil por el tema del subsidio al trasporte urbano”, afirmó el subcontralor.
De acuerdo con el entrevistado, los auditores detectaron varias irregularidades y estas fueron presentadas en el 2015 al Ministerio Público y posteriormente ellos en el proceso de la persecución penal solicitaron auditar algunos rubros.
Algunas de las irregularidades detectadas fueron que se adquirieron accesorios para 1 mil 350 buses cuando habían comprado únicamente 455.
FISCALIZACIÓN Y SEGURIDAD
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) considera que los proyectos de transporte y las fuertes sumas de dinero que se ha otorgado para subsidio, deben ser objeto de fiscalización por parte de diferentes sectores.
En tanto, autoridades de la institución policial detallan que trabajan en planes operativos para prevenir la violencia en el transporte público.
Edgar Guerra, de la Defensoría del Usuario del Transporte Urbano y Extraurbano de la PDH, dice que el subsidio al transporte se ha convertido en un negocio, que no se traduce en mejoría para los pasajeros.
“El deterioro que ha tenido el servicio de transporte se ha visto en la inseguridad, a pesar de que hubo desembolsos importantísimos en el tema del Transurbano y en los buses rojos, no se tradujo en una mejoría. Aunque hubo más subsidio, de cantidades exageradas, generó que el negocio del transporte público pasara al negocio del subsidio. Los mismos transportistas fueron abandonando la calidad del servicio, paulatinamente ese descuido fue generando un caos y crisis en el transporte y por más que se le invertía no iba a combatir la inseguridad, ni a mejorar la calidad del servicio”, indica Guerra.
El titular de la Defensoría dice que deberían existir mayores controles para fiscalizar subsidios y los nuevos proyectos que se implementan en algunas municipalidades.
“Debería hacerse una auditoría constante de los entes que deben verificar durante y al término de un proyecto, como son la PGN, la Contraloría General de Cuentas, los entes rectores del transporte, que son las municipalidades y el gobierno central a través del Ministerio de Comunicaciones y el mismo Congreso de la República”, explica el profesional.
Por otro lado, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Nery Ramos, agrega que en el tema de seguridad implementan los planes operativos y estratégicos que conllevan diferentes acciones como operativos en carreteras, abordajes en autobuses, permanencia en algunas rutas de acuerdo con un análisis realizado por la Subdirección General de Investigación Criminal, además atienden las denuncias de extorsiones y se continúa con la desarticulación de bandas.
“Es un plan estratégico donde se desarrollan planes operativos, situacionales, atendiendo cada necesidad en particular que se vaya identificando. Esos esquemas particulares previenen un eventual ataque contra operadores y usuarios, nos permite generar investigación criminal para desarticular esas estructuras de criminalidad y en algunos casos eventuales, donde aún con presencia –policial- los pandilleros se han atrevido a generar ataques, hemos tenido la reacción inmediata de los agentes y la captura de los atacantes”, explica.
Ramos reitera la necesidad de denunciar a las estructuras delictivas con autoridades competentes, que atenderán los casos.
“Uno de los grandes desafíos que hemos ido superando, pero que aún tenemos un grueso del sector que se resiste a la denuncia, es el silencio. Muchas personas han tomado la decisión de no denunciar a las instituciones del Estado y pretenden solventar su crisis financiando a esas estructuras. La experiencia ha sido muy negativa, porque le siguen pidiendo más –dinero- o cuando se resisten generan ataques”, detalla.
