Por José Pablo del Águila
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El Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Josué Eduardo Cojulún, inició esta mañana la audiencia de primera declaración contra 12 personas sindicadas en el caso Transurbano. Durante la audiencia, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) imputó el delito de fraude y peculado para el expresidente de la República, Álvaro Colom Caballeros, y para sus exministros del Gabinete.
El MP hizo la misma imputación, por los delitos de peculado y fraude, a ocho integrantes del Gabinete de Colom. Ellos son: Alfredo Américo Pokus; exviceministro de Energía y Minas; Salvador Gándara Gaitán, exministro de Gobernación; Ana Francisca del Rosario Ordóñez Meda, exministra de Educación; Abraham Valenzuela González, exministro de la Defensa Nacional; Edgar Alfredo Rodríguez, exministro de Trabajo y Previsión Social; Óscar Erasmo Velásquez Rivera, exviceministro de Economía; Celso David Cerezo Mulet, exministro de Salud; Gerónimo Lancerio Chingo, exministro de Cultura y Deportes y Luis Alberto Ferraté Felice, exministro de Ambiente.
A los funcionarios antes descritos, la Fiscalía les reprochó el haber «suscrito» y «refrendado» el acuerdo 103-2009, el cual daba vida a la implementación del sistema prepago en el transporte urbano y autorizaba la adjudicación de 35 millones de dólares a la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU).
El jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, calificó la suscripción de dicho acuerdo como un «engaño» a la administración pública que permitió un fraude millonario al Estado de Guatemala.
Entre las anomalías detectadas, el MP señala que los miembros del Gabinete firmaron el acuerdo a sabiendas que, para realizar el mismo, se evitó la consulta de otras instituciones como la Procuraduría General de la Nación (PGN), que pudieran dar una opinión contraria y evitar su suscripción.
La Fiscalía señaló que el acuerdo se suscribió sin la firma del exvicepresidente de la República, Rafael Espada. Además, tampoco se contaba con estudios que corroboraran la factibilidad del proyecto ni que determinaran que la AEAU contara con la capacidad operativa para ejecutarlo.
Todos los exministros se pudieron haber opuesto a la suscripción del acuerdo si no hubieran estado conformes, pero no lo hicieron.
«Ustedes, en conjunto, son responsables de la sustracción de 35 millones de dólares del erario», dijo el fiscal Sandoval.
COLOM Y FUENTES KNIGHT
Cuando fue el turno del exministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knight, y del expresidente de la República, Álvaro Colom, la Fiscalía añadió algunos hechos a la imputación.
En el caso de Colom, el fiscal Sandoval señaló:
«Usted, como Presidente Constitucional de la República, ejerciendo función de superior jerárquico del Ejecutivo, actuando con abuso de confianza, utilizó ese acuerdo (103-2009) como una disposición operativa y vinculante que garantizó la entrega de 35 millones de dólares (a la AEAU). (…). Usted propició la firma del acuerdo, usted sabía que la suscripción del proyecto de inversión era arbitrario porque no tenían documentos de respaldo (…) Sabiendo de artificios fraudulentos, conoció que la administración pública había sido engañada», reprochó el fiscal.
Mientras tanto, a Fuentes Knight se le señaló de enviar el proyecto del acuerdo a la Presidencia sin contar con un estudio de factibilidad.
«Usted era garante de la ejecución presupuestaria del Estado. Usted realizó gestiones administrativas y envió el proyecto sin contar con un perfil de factibilidad. Usted sabía o debía saber que el proceso de adjudicación no se realizó con apego a la ley», dijo el fiscal.
La exministra de Educación Ana Ordóñez fue la primera en declarar mientras que el expresidente Colom se abstuvo. La audiencia se reprogramó para el lunes en la mañana.
